Según el PP: “Cesó a las tres concejalas populares, ha dejado el Gobierno en minoría, ha otorgado más competencias al concejal procesado, entre ellas Seguridad Ciudadana, y ahora, para colmo, la Policía Local pide que se retire este cargo al edil sobre el que pesa una imputación por un presunto delito medioambiental y otro de prevaricación, algo, como han explicado, totalmente incompatible con el conjunto de deberes profesionales que deben inspirar la totalidad de las conductas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, porque proceden de reglas éticas y de principios morales básicos y que recoge el Código Europeo de Ética de la Policía”.
Es por ello que el Sindicato mayoritario de la Policía Local de Almonte ha solicitado que las competencias otorgadas a José Miguel Espina Bejarano sean traspasadas a otro miembro del equipo de Gobierno, una muestra más del desmoronamiento que está sufriendo la institución municipal a causa de la soberbia de la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, y de la falta de ética del concejal procesado, al que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y 15 de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Para el PP de Almonte, esta situación roza el esperpento y supone un gravísimo daño para la reputación y para el propio funcionamiento del Ayuntamiento almonteño. “Por desgracia, ya advertimos que mantener en el cargo a José Miguel Espina iba a tener graves consecuencias sobre el funcionamiento de la institución”, ha lamentado la presidenta del PP de Almonte, Rocío Martínez.
“El comunicado de la Policía Local, viene a constatar que la situación procesal actual de quien además ha sido nombrado Concejal de Seguridad Ciudadana es totalmente incompatible con el desarrollo de su función dentro de un cuerpo que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley”, unas competencias que “no podían ser depositadas en peores manos teniendo en cuenta las circunstancias”.
“Parece mentira, con seis concejales que tiene el PSOE en el equipo de Gobierno, que tuviera que ser precisamente quien atraviesa una situación tan complicada y quien se ha negado a acatar cualquier código ético imperante a nivel político o institucional, el que haya sido premiado con la responsabilidad de la seguridad de todos nuestros ciudadanos”, señala Martínez, para quien el equipo de Gobierno está dando muestras de un cinismo más que preocupante.
“El empecinamiento de la alcaldesa al negarse a tomar medidas contra Miguel Espina y la actitud del propio concejal al incumplir su código ético está poniendo bajo sospecha a toda la institución, y esto es algo absolutamente lamentable e intolerable”, ha zanjado la portavoz popular, que exige a la alcaldesa que tome de una vez cartas en el asunto y por supuesto, que acate la petición de la Policía y no ponga al cuerpo en una situación tan comprometida.