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El Ayuntamiento de Cartaya ha salido hoy al paso de la información que ha trascendido sobre el auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, sobre el contencioso que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, MAS, mantiene contra el Consistorio por su salida de la mancomunidad.
Aclara en primer término que “en el marco de este contencioso, lo que ha dictado el juez es un auto que resuelve sobre la medida cautelar solicitada por el Consistorio y consistente en la suspensión cautelar de la resolución de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, por la que se aprueba la separación de dicho municipio y la liquidación de deudas pendientes”.
Según aclaran los servicios jurídicos, “ello no supone en ningún momento, que el juzgado le de la razón a Giahsa ni en el contencioso, ni en el fondo del asunto, y quedan intactas las pretensiones municipales ante la justicia en este procedimiento, que se resolverá en su día con una sentencia”.
Es, detallan, simplemente un pronunciamiento sobre una medida cautelar solicitada, y el propio auto lo enmarca “en un marco de provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva”.
Los servicios jurídicos explican que “en el marco del proceso es un trámite, una garantía procesal para salvaguardar un posible daño a terceros, que no entra ni siquiera a valorar en ningún momento el fondo del asunto, ni la cuantía de la indemnización solicitada por la MAS”.
Así las cosas, el Ayuntamiento no está conforme con el auto y ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que lo recurran ante el TSJA, puesto que “es recurrible, y susceptible de recurso, como el propio auto indica”.
Desde el Consistorio se recuerda, además, que este contencioso en cuestión no es el único que el Ayuntamiento y la MAS mantienen en la actualidad. Además del que mantiene Giahsa contra el Ayuntamiento por la liquidación de la salida de la Mancomunidad, está el que inició el Consistorio con anterioridad contra la MAS, por el incumplimiento del convenio suscrito entre la Mancomunidad, Giahsa y el Ayuntamiento por el impago del canon anual previsto en el mismo.
En ese otro procedimiento, que ha sido recurrido por la MAS y que se sigue ante el TSJA, el Ayuntamiento también ha planteado la petición de resarcimiento de daños y perjuicios, y aunque está en otro momento procesal más retrasado, viene a dilucidar la misma cuestión, y, aclaran los servicios jurídicos, llegados al mismo trámite, muy probablemente derive en la petición de garantías procesales, que en ese otro proceso tendría que abonar Giahsa, sin que eso implicase tampoco posicionamiento a favor de una parte o de otra.
