La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado el Centro de Inserción Social David Beltrán Catalá (CIS de Huelva), destacando que “el CIS de nuestra provincia es el único en España que tiene el servicio de gestión de penas y medidas alternativas alternativas a la prisión totalmente digitalizado”.
El director del CIS de Huelva, Áyax Murillo, explicó a la subdelegada que este servicio tramita “entre 1.700 a 1.800 expedientes de penas y medidas alternativas al año y es muy posible que al finalizar el año 2024 se hayan gestionado 2.000 o más expedientes”. Este servicio abarca todos aquellos casos en los que se aplican penas alternativas a la prisión, desde los trabajos en beneficio de la comunidad a las suspensiones de condena y sustituciones de condena, con la aplicación de los correspondientes programas de tratamiento de la drogadicción, violencia de género, agresión sexual, seguridad vial, etc.
En este sentido, María José Rico consideró que es precisamente “en el CIS donde alcanza su mayor apogeo el mandato constitucional del artículo 25.2, que dispone que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los internos e internas”.
En la actualidad, el equipo del Centro de Inserción Social David Beltrán Catalá se compone de 60 empleados públicos, que se encargan, entre otras tareas, de efectuar el seguimiento mensual de 36 liberados condicionales, además de atender a 159 residentes en un edificio de seis plantas, que dispone de 150 habitaciones dobles y una pista deportiva exterior.
De estos 159 residentes, solo diez son mujeres y la mayoría (104) han ingresado en este primer semestre del año. De ellos, 74 cumplen penas en tercer grado de tratamiento; 71 pueden pernoctar en su domicilio durante ocho horas controlados mediante pulsera telemática, y 14 forman parte de alguna comunidad terapéutica (como Fada Almonte, Fada Cartaya, Proyecto Hombre, entre otras).
Más de la mitad de los residentes cumplen penas por delitos contra la salud pública (34% del total) o por robos y hurtos (26%). Le siguen, aunque a gran distancia, los residentes por delitos de asesinatos y homicidios, así como contra la seguridad vial, que suponen el 16% del total (repartidos a partes iguales), mientras que el 11% de los residentes cumplen penas por delitos relacionados con la violencia de género y la libertad sexual (en ambos casos también repartidos a partes iguales).