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El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva, ha mantenido una reunión con la portavoz parlamentaria de Fomento del PSOE-A, María Márquez y el portavoz de la Comisión del Estatuto del Diputado Mario Jiménez, para solicitarles que hagan llegar al Parlamento andaluz una nueva legislación que sea más “estricta al sancionar económicamente aquellos supuestos en los que un profesional que tiene la obligación de estar colegiado para ejercer su profesión conforme a la ley estatal de colegios profesionales, incumpla este requisito”.
El presidente del COAF de Huelva, Alejandro Chamorro, ha señalado que el Pleno de las Cortes Valencianas aprobó por unanimidad la proposición de ley que modifica el artículo 21 de la Ley 6/1997, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de acabar con el intrusismo en las profesiones de colegiación obligatoria.
En esa reforma, según destacan los representantes del COAF de Huelva, se añaden dos nuevos apartados a la norma con el objetivo de legitimar a la Generalitat Valenciana para sancionar a quienes, teniendo la obligación de estar colegiados, omitan este deber y continúen desarrollando su trabajo sin más amonestación, hasta el momento, que la inhabilitación por parte de los Colegios.
La modificación también afecta a aquellos profesionales que, estando colegiados, sean suspendidos en el ejercicio de su profesión por haber infringido alguna norma, y pese a ellos continúen ejerciendo sus funciones. Las sanciones previstas para cualquiera de los dos supuestos oscilarán entre los 5.001 y los 150.000 €.
De este modo la portavoz parlamentaria de Fomento del PSOE Andaluz, María Márquez, ha destacado tras el encuentro mantenido con el representante del Consejo Andaluz y del Colegio de Administradores de Fincas de Huelva, su “compromiso de estudiarla con mucho interés y ver las opciones de llevarla al Parlamento Andaluz”, al tiempo que felicitó a los administradores de fincas colegiados por la labor que están realizando, y agradeció que “hayan contado con el Grupo Parlamentario Socialista para transmitirles esta iniciativa”.
Se trataría, de “un cambio normativo muy relevante tal como destacó el presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas Rafael Trujillo en el escrito que realizó a la Junta de Andalucía.
