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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible culmina de esta forma los pasos para la constitución de los distintos órganos de participación social y administrativa ligados a la gestión del agua, al tiempo que cumple con el “compromiso adquirido durante la elaboración y tramitación del Pacto Andaluz por el Agua de impulsar el diálogo e implicación de instituciones públicas y agentes sociales y económicos”, según ha explicado la viceconsejera Ana Corredera.
Entre los objetivos del Consejo Andaluz del Agua se encuentran formular iniciativas y proponer cuantas medidas se consideren oportunas para la mejor gestión, uso y aprovechamiento del recurso. La Ley de Aguas de Andalucía aprobada en 2010 contemplaba su creación y, aunque el decreto para su composición se aprobó en 2015, nunca llegó a constituirse. El actual Gobierno andaluz ha dado los pasos necesarios para que sea una realidad.
Corredera ha agradecido a los 69 miembros su disposición para trabajar por Andalucía en un momento “decisivo” y en el que “el debate y el consenso serán clave” para afrontar los retos a los que se enfrenta la región en los próximos años.
“Administraciones, usuarios y agentes sociales tendremos que hacer un esfuerzo para cumplir los objetivos que nos marca la UE. Estamos en el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027. Europa no admite más prórrogas”, ha señalado Corredera, quien ha recordado que en la actualidad se encuentra en información pública la propuesta de proyecto de plan hidrológico de las demarcaciones intracomunitarias. Igualmente, la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos ha concluido la revisión de los mapas de riesgo de inundaciones en las tres cuencas gestionadas por la Junta de Andalucía (Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate y Mediterráneas Andaluzas), y elaborado los correspondientes Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones; de forma que se pueda finalizar con su aprobación conjunta.
Corredera ha explicado que las reservas hídricas de la comunidad continúan muy por debajo de lo deseado y, a pesar del alivio que suponen las lluvias de los últimos días, la sequía sigue siendo un motivo de preocupación. “La situación es complicada y, aunque ha mejorado, el problema no se ha terminado ni mucho menos” porque “partimos de un déficit de precipitaciones muy elevado”. En este sentido, la viceconsejera ha recordado que el Gobierno andaluz fue previsor al aprobar el pasado mes de junio el decreto de sequía, que ha permitido iniciar obras de emergencia en zonas declaradas de excepcional sequía por importe de más de 16 millones de euros. “Y ya estamos trabajando en la ampliación del decreto”, ha insistido.
Movilizados 1.500 millones en tres años
El trabajo de la Consejería en materia hidráulica a lo largo de la legislatura en curso ha generado un cambio de 180 grados en la política de agua. “Entre 2019 y 2022 estamos movilizando 1.500 millones de euros para desarrollar infraestructuras necesarias por todo el territorio andaluz en tres líneas concretas: abastecimiento en alta, depuración de aguas residuales y explotación y mantenimiento de presas”, ha agregado. Todo ello ha sido posible, en gran medida, a una gestión eficiente del canon del agua. “Este año, por primera vez, estaremos ejecutando lo que se recauda en un año”, ha recordado. Gracias a ello, la Junta de Andalucía pondrá fin a las sanciones millonarias que la Unión Europea ha estado imponiendo a España y que han provocado que “hayamos pagado más de 10 millones de euros”.
Entre las iniciativas de la Consejería, Corredera también ha destacado la inversión sin precedentes en la restauración de cauces y ramblas con el objetivo de otorgar seguridad a la ciudadanía frente a avenidas y apostar por la protección de la biodiversidad de las zonas de influencia las cuencas intracomunitarias.
Por último, la viceconsejera ha recordado a los miembros del Consejo Andaluz del Agua que Andalucía “tiene problemas que no existen en otras zonas de España” y la importancia de “colaborar con el Gobierno de España, como ya se está haciendo, para impulsar la ejecución de obras de interés general del Estado que necesitamos de forma urgente”.
Forman parte del Consejo representantes de las distintas administraciones, universidades, de los sectores agrario, urbanos, turísticos, hidroeléctricos e industriales, así como organizaciones socioeconómicas (sindicatos y empresarios), organizaciones ecologistas, organizaciones agrarias y comunidades de regantes.
