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El CSIF pretende conseguir que todos los agentes de la provincia dispongan, al menos, de un chaleco antibalas y de un transmisor.
En el documento entregado, la central sindical indica la necesidad de contar con el Equipo de Protección Individual de protección balística y anticuchillo para poder desarrollar sus funciones diarias “con las máximas garantías de seguridad posibles”.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios insta a los ayuntamientos a cumplir con la normativa y dotar a la totalidad de sus plantillas de esta equipación que, aseguran, “debe ser personal y no de uso compartido tanto por motivos de higiene como por la necesidad de ajustar el chaleco a la talla de cada agente”.
“Es fundamental reducir el peligro en las intervenciones policiales ya que, de no estar equipados correctamente, los policías podrían estar expuestos a riesgos importantes para su seguridad y su salud”.
CSIF recuerda que “de no actuar, los consistorios estarían incumpliendo la ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Asegura que existen sentencias condenatorias al respecto “cuando un trabajador ha resultado herido o ha fallecido durante su jornada laboral por no estar debidamente equipado con el agravante de tener una denuncia previa por incumplimientos en materia de seguridad laboral”. En este sentido, el sindicato indica que si algún agente sufre un accidente por no contar con el equipo básico llevará el caso ante la Fiscalía para depurar responsabilidades, que directamente apuntan a alcaldes y concejales.
Como consecuencia de la crisis económica, muchos ayuntamientos han recortado en medios materiales sin renovarlos o sin adquirir nuevas dotaciones que son fundamentales para garantizar la seguridad de los agentes, explica el sindicato. “Pero esto no debe servir de excusa para que no dispongan de chalecos antibalas o transmisores pues se trata de su integridad y de evitar riesgos en su trabajo”. Así las cosas, CSIF asegura que seguirá vigilante para que todos los ayuntamientos de la provincia cumplan con la ley vigente en relación a los medios de la Policía Local.
