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La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre los incendios en asentamientos de temporeros extranjeros ubicados en la provincia de Huelva.
Así, en el texto de la queja señala que diversos medios de comunicación se han venido haciendo eco en el último mes de incendios de relevancia que se han registrado en
en Palos de la Frontera, Moguer y Lepe, «siendo este último el más grave». Indica que estas noticias recogen que dichos siniestros «han ocasionado importantes daños materiales» y que, según los dispositivos de emergencia, «unas 300 chabolas han resultado calcinadas, 100 en Palos, unas 40 en Moguer y 150 infraviviendas en Lepe».
En esta última localidad, añade que los dispositivos de emergencia han tenido que proceder al desalojo de los habitantes de los asentamientos que «han visto arder sus escasas pertenencias», aunque, afortunadamente, «no hay que lamentar ni víctimas ni heridos graves». Además, en el caso de Lepe, los habitantes del asentamiento afectado «no pueden regresar a las que eran sus viviendas ya que han quedado totalmente calcinadas», siendo por tanto necesaria su reubicación urgente en espacios en los que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Del mismo modo, apunta que en Lepe la corporación ha facilitado instalaciones municipales para procurar a los afectados una solución de alojamiento «de urgencia» y está trabajando para paliar esta realidad que «viene afectando a la localidd desde hace años, especialmente durante la campaña de la fresa».
Y añade que la situación de los temporeros que se ven obligados a alojarse en estas infraviviendas «empeora aún más por las consecuencias que este tipo de siniestros tiene en su situación administrativa». Así en los incendios, según recogen las entidades que trabajan con este colectivo, «muchos de ellos han perdido su documentación, por lo que se verán obligados a realizar múltiples gestiones para conseguirla de nuevo».
Por su parte, señala que en Moguer un incendio habría calcinado unas treinta chabolas del asentamiento ubicado en una zona cercana al Paraje Natural Lagunas de Palos, sito en su localidad, y que, según los dispositivos de emergencias, estas infraviviendas «habían sido construidas por sus ocupantes con cartones y plásticos y resultado inutilizables tras la extinción del fuego, dejando por tanto sin alojamiento a los temporeros que las ocupaban y agravando aún más su precaria situación».
Además, el Defensor indica que en las noticias publicadas a raíz de estos incendios se denuncia la «precariedad» de estos asentamientos y la «peligrosidad» de los mismos como consecuencia «de la falta de infraestructuras y suministros que permitan que sus habitantes puedan cubrir debidamente sus necesidades».
Recuerda también que en Palos de la Frontera tuvo lugar un importante incendio en el que resultaron heridas tres personas y calcinadas numerosas chabolas, dejando por tanto sin alojamiento a los temporeros que las ocupaban y «agravando aún más la precaria situación de estos».
ACTUACIONES PREVIAS POR LA «PROLIFERACIÓN» DE INFRAVIVIENDAS
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que la «proliferación» de este tipo de núcleos de infraviviendas ya fue abordada por la institución. Así, destaca que en 2001 presentó en el Parlamento andaluz un informe especial en el que se analizaba la situación de estos núcleos poblacionales y en el que, tras un estudio detallado de esta realidad y de mantener encuentros y reuniones de trabajo con todos los agentes implicados, se incluían diversas recomendaciones para abordarla.
Igualmente, subraya que en 2015 intervino ante la queja presentada por APDH Huelva, y otras entidades sociales que trabajan con el colectivo de temporeros, que denunciaba las condiciones en las que se encontraban los temporeros extranjeros y la «cronificación» de este tipo de asentamientos en la provincia de Huelva, ubicados en espacios cercanos a los campos de trabajo.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz explica que está en contacto con la Delegación del Gobierno de España y la Subdelegación en Huelva para conocer las medidas, desde los distintos ámbitos de competencia, que puedan dar respuesta a la situación creada por estos hechos.
Asimismo, ha acordado, de oficio, la apertura de este expediente de queja para solicitar de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y de los ayuntamientos de Lepe, Moguer y Palos de la Frontera información sobre estos hechos, así como las distintas actuaciones emprendidas, dentro de su ámbito competencial, ante la situación de los temporeros desalojados por este incendio en cuanto a soluciones habitacionales y su documentación (empadronamiento, tarjeta sanitaria, etcétera).
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre los incendios en asentamientos de temporeros extranjeros ubicados en la provincia de Huelva.
Así, en el texto de la queja, consultado por Europa Press, señala que diversos medios de comunicación se han venido haciendo eco en el último mes de incendios de relevancia que se han registrado en en Palos de la Frontera, Moguer y Lepe, «siendo este último el más grave». Indica que estas noticias recogen que dichos siniestros «han ocasionado importantes daños materiales» y que, según los dispositivos de emergencia, «unas 300 chabolas han resultado calcinadas, 100 en Palos, unas 40 en Moguer y 150 infraviviendas en Lepe».
En esta última localidad, añade que los dispositivos de emergencia han tenido que proceder al desalojo de los habitantes de los asentamientos que «han visto arder sus escasas pertenencias», aunque, afortunadamente, «no hay que lamentar ni víctimas ni heridos graves». Además, en el caso de Lepe, los habitantes del asentamiento afectado «no pueden regresar a las que eran sus viviendas ya que han quedado totalmente calcinadas», siendo por tanto necesaria su reubicación urgente en espacios en los que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Del mismo modo, apunta que en Lepe la corporación ha facilitado instalaciones municipales para procurar a los afectados una solución de alojamiento «de urgencia» y está trabajando para paliar esta realidad que «viene afectando a la localidd desde hace años, especialmente durante la campaña de la fresa».
Y añade que la situación de los temporeros que se ven obligados a alojarse en estas infraviviendas «empeora aún más por las consecuencias que este tipo de siniestros tiene en su situación administrativa». Así en los incendios, según recogen las entidades que trabajan con este colectivo, «muchos de ellos han perdido su documentación, por lo que se verán obligados a realizar múltiples gestiones para conseguirla de nuevo».
Por su parte, señala que en Moguer un incendio habría calcinado unas treinta chabolas del asentamiento ubicado en una zona cercana al Paraje Natural Lagunas de Palos, sito en su localidad, y que, según los dispositivos de emergencias, estas infraviviendas «habían sido construidas por sus ocupantes con cartones y plásticos y resultado inutilizables tras la extinción del fuego, dejando por tanto sin alojamiento a los temporeros que las ocupaban y agravando aún más su precaria situación».
Además, el Defensor indica que en las noticias publicadas a raíz de estos incendios se denuncia la «precariedad» de estos asentamientos y la «peligrosidad» de los mismos como consecuencia «de la falta de infraestructuras y suministros que permitan que sus habitantes puedan cubrir debidamente sus necesidades».
Recuerda también que en Palos de la Frontera tuvo lugar un importante incendio en el que resultaron heridas tres personas y calcinadas numerosas chabolas, dejando por tanto sin alojamiento a los temporeros que las ocupaban y «agravando aún más la precaria situación de estos».
ACTUACIONES PREVIAS POR LA «PROLIFERACIÓN» DE INFRAVIVIENDASEn este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que la «proliferación» de este tipo de núcleos de infraviviendas ya fue abordada por la institución. Así, destaca que en 2001 presentó en el Parlamento andaluz un informe especial en el que se analizaba la situación de estos núcleos poblacionales y en el que, tras un estudio detallado de esta realidad y de mantener encuentros y reuniones de trabajo con todos los agentes implicados, se incluían diversas recomendaciones para abordarla.
Igualmente, subraya que en 2015 intervino ante la queja presentada por APDH Huelva, y otras entidades sociales que trabajan con el colectivo de temporeros, que denunciaba las condiciones en las que se encontraban los temporeros extranjeros y la «cronificación» de este tipo de asentamientos en la provincia de Huelva, ubicados en espacios cercanos a los campos de trabajo.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz explica que está en contacto con la Delegación del Gobierno de España y la Subdelegación en Huelva para conocer las medidas, desde los distintos ámbitos de competencia, que puedan dar respuesta a la situación creada por estos hechos.
Asimismo, ha acordado, de oficio, la apertura de este expediente de queja para solicitar de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y de los ayuntamientos de Lepe, Moguer y Palos de la Frontera información sobre estos hechos, así como las distintas actuaciones emprendidas, dentro de su ámbito competencial, ante la situación de los temporeros desalojados por este incendio en cuanto a soluciones habitacionales y su documentación (empadronamiento, tarjeta sanitaria, etcétera).
