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Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta imputado por los ERE irregulares, ha dicho este martes a la juez que él era un responsable político, que su cometido no era el control de la legalidad sino que para ello había funcionarios y que ‘no ha visto un interventor en su vida’.
Márquez ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado cuatro delitos continuados por la concesión de 131 ayudas ilegales por importe de más de 154 millones de euros.
En su comparecencia, que continuará esta tarde y en días sucesivos, el ex alto cargo de la Junta ha comenzado diciendo que ‘a estas alturas sigue sin conocer el contenido del convenio marco’ del 2001 que permitió empezar a otorgar las ayudas investigada, y que ‘ni se lo leyó, lo estudió ni lo analizó’, sino que se lo explicaron sus superiores.
Ha afirmado que su cometido no eran las cuestiones de legalidad, aunque ha reconocido que le preocupaban los aspectos financieros de la forma en que se estaban dando las ayudas y que a partir de febrero del 2009 se percató de lo que ha calificado como ‘déficit administrativo’ del procedimiento, por lo que se lo notificó verbalmente a los entonces consejero y viceconsejero, Antonio Fernández y Agustín Barberá, en las reuniones que mantenían todos los lunes.
Márquez es el tercer ex alto cargo que comparece ante Alaya, tras los encarcelados Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero -ex director general de Trabajo- y su abogado defensor, Manuel Pérez Cuajares, ha afirmado a los periodistas que su línea argumental ha sido explicar que al llegar al cargo en el 2009 se encontró con un procedimiento de ayudas que consideró legal pero aún así intentó mejorarlo desde el punto de vista administrativo.
Otros abogados personados en la declaración han relatado que, cuando la juez le ha reprochado que las ayudas no se divulgaban ni publicaban en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), él ha respondido: ‘No creo que los trabajadores se lean el BOJA’.
Alaya le ha imputado cuatro delitos continuados: prevaricación omisiva y activa, falsedad en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y malversación de fondos públicos.
En total se trata de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas que Márquez otorgó a sabiendas de dos informes de los bufetes Garrigues y Price Waterhouse sobre la ilegalidad del procedimiento y su concesión sin fiscalización ni control de la UE, según la imputación.
Márquez ‘mantuvo el procedimiento pese a tener conocimiento de sus consecuencias ilegales’ y permitió un ‘uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE’, según Alaya.
Mantener el sistema de ayudas ‘era jurídicamente inexplicable’, según la imputación de la juez, que ha acusado a Márquez de haber favorecido especialmente a su provincia natal de Huelva, donde otorgó treinta subvenciones además de las más amplias concedidas a Astilleros de Huelva y a la Faja Pirítica.
Incluso Alaya le ha imputado haber vulnerado el artículo 133 del Estatuto de Autonomía sobre la obligación de servir objetiva y fielmente los intereses generales de Andalucía, han precisado los citados abogados.
Entre otros, Alaya le ha imputado haber consentido la inclusión de intrusos en los ERE de varias empresas -entre ellos de Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla-, haber permitido los llamados ‘pagos cruzados’ como una forma de desvío de fondos públicos, y haber tenido conocimiento de un informe de la Agencia Tributaria sobre la falta de actividad de las empresas de Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero también preso, a las que la Junta otorgó 1,3 millones de euros.
Además, según la juez, permitió que la Junta pagase comisiones superiores en un 15 por ciento a la media de mercado a las aseguradoras que mediaron en los ERE, que llegaron a un sobrecoste de 317.000 euros solo en el expediente de Surcolor.
