El exalcalde de Almonte, José Antonio Domínguez, ha declarado este viernes en calidad de investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Palma del Condado, a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE por las supuestas irregularidades que presuntamente cometió el Ayuntamiento almonteño tras anular, a través de un decreto de alcaldía, el proceso selectivo de tres plazas de auxiliar administrativo para un proyecto de cooperación transfronteriza (Poctep 2013).
Durante su declaración, según apunta Europa Press, el exalcalde ha afirmado que el mencionado proceso de selección “no está todavía anulado”, por lo que ha explicado que lo que “lo único” que hizo fue iniciar un procedimiento de revisión de oficio que “todavía no ha finalizado”, de manera que “el procedimiento no está anulado”.
De este modo, Domínguez se ha ratificado en las declaraciones que hizo en enero de 2015, donde el exprimer edil aseguró que cuando “se anula el proceso de selección aún no se conocían las tres personas que habían alcanzado la mayor puntuación”, negando los hechos e indicando además que no tiene “favoritos” porque no conocía a las personas que participaron en el proceso de selección.
Asimismo, en la declaración de este viernes ha incidido en que estaba “ajeno al proceso selectivo” y en que “no sabía quienes eran los seleccionados”. Cuestionado sobre porqué no se llevó a cabo una comisión de investigación, Domínguez ha explicado que la misma no se llegó a hacer porque le correspondía al pleno y éste acordó no crearla sino solicitarle al gobierno municipal que lo hiciera, pero éste “no tenía competencias para ello”. En este punto, ha agregado que después del cambio de gobierno en la localidad “no se ha hecho tampoco” esa comisión.
Hay que recordar que la convocatoria se refería a la contratación temporal de tres auxiliares administrativos del grupo C2, con jornada a tiempo parcial, de 30 horas, con duración hasta el 30 de junio de 2015, con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), de fondos europeos.
Al concurso-oposición concurrieron 56 aspirantes y el tribunal calificador, compuesto por cinco funcionarios públicos y trabajadores municipales, designados por el propio teniente alcalde delegado de Recursos Humanos, puntuó a los seleccionados.
Así las cosas, el juzgado abrió diligencias al considerar que en la denuncia interpuesta “se deducen indicios de la comisión de un supuesto delito de prevaricación, puesto que se ha dictado un decreto de alcaldía en presumible contradicción a una convocatoria de plazas previamente aprobada”.
Por ello, consideró “indispensable” practicar las diligencias “mínimas e imprescindibles” encaminadas a esclarecer los hechos. A su vez, el sindicato UGT también denunció estos hechos por estas supuestas irregularidades al considerar que había dictado el decreto de alcaldía bajo “la evidencia de no alcanzar los puestos de salida miembros de su partido y allegados”.
Al respecto, el exportavoz del PSOE José Villa, quien interpuso la denuncia, argumentó en su escrito que, una vez que el alcalde popular conoció los candidatos propuestos por el tribunal y al constatar “que no eran sus recomendados, dictó un decreto de anulación sin ningún tipo de informe jurídico que amparase su decisión”.