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Eduardo Muñoz, exdelegado de Empleo en Huelva, ha asegurado que «no dio ni recibió instrucciones de ningún tipo» para incumplir las leyes y que tampoco intervino «nunca» a favor de ni en contra de un expediente a la hora de conceder una subvención. Muñoz ha señalado también que las ayudas concedidas «cumplían todos los requisitos legalmente previstos» y que si el interventor hubiera detectado algún problema habría suspendido del procedimiento.
Así lo ha dicho Muñoz en la intervención inicial de su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre los Cursos de Formación que se celebra en el Parlamento de Andalucía y donde también ha subrayado que no firmó nada que «no estuviera fiscalizado previamente por el interventor» ni nada que no tuviera la preceptiva propuesta de la unidad administrativa competente.
Una vez hecha esa intervención inicial, Muñoz, que fue delegado de la Consejería de Empleo entre septiembre de 2009 y julio de 2012 y de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desde esa fecha y hasta marzo de 2015, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos políticos en base a su situación procesal –está investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva en el marco de la causa por los fondos para los cursos de formación– y, según ha dicho, siguiendo las recomendaciones de su abogado y para evitar lo que pudiera perjudicar su defensa en los tribunales.
Tras incidir en su reconocimiento al personal de la Delegación de Empleo y en subrayar su «ahínco», «profesionalidad» y «responsabilidad», Muñoz ha repasado algunos de los aspectos de la tramitación de los cursos de formación comenzando por señalar que «nunca» llegó a conocer el contenido de los informes de la intervención provincial y, al desconocerlos, tampoco tuvo la posibilidad de formular alegación o defensa.
En lo que se refiere al posible menoscabo, ha mantenido que en «un concepto administrativo, de interpretación contradictoria incluso para los distintos interventores provinciales» y ha subrayado que en Huelva las diligencias previas fueron archivadas en vía administrativa y que un auto ya resolvió que no había ilícitos contables en el ejercicio 2011.
Muñoz también ha señalado que las relaciones de la Delegación con los servicios centrales en materia de formación para el empleo era de «absoluta normalidad y cumplimento legalidad». También ha hecho referencia el exdelegado a los expedientes sin exonerar o justificar indicando que el informe del interventor no señala haber comprobado todas las exceptuaciones sino que la exceptuación concreta no figura en los expedientes.
En cuanto a la selección de beneficiarios, Muñoz ha defendido que el informe del interventor no dice que no haya una baremación sino que ésta «no se aportó con los expedientes de la muestra estudiada»; y sobre la escasez de personal, ha dicho que se intentó la dotación de todos los puestos de trabajo, algo «difícil» en la administración.
En su repaso a otros aspectos en la realización de los cursos, ha mantenido que todas las entidades adjudicatarias «deberían estar homologadas, inscritas o reconocidas» en función de las especialidades; y, al hilo del seguimiento de los cursos y la inserción, ha dicho que el seguimiento documentado en fichas y con visitas se hacía en el 100 por cien de los cursos visitados, mientras que la valoración se realizaba en los servicios centrales, no en los provinciales.
Por último, el exdelegado onubense ha dicho no tener información para poder cuantificar los importes no justificados ni conocimiento de procedimientos sancionadores contra beneficiarios en el ámbito de la formación pero sí en otras áreas, por lo que si hubiera llegado una propuesta en ese sentido, se habría tramitado.
