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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha recalcado que la Junta de Andalucía “va a defender a sus ciudadanos, a los agricultores y a los regantes” afectados por la “decisión arbitraria” de la vicepresidenta cuarta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en relación al volumen de agua procedente del trasvase Tajo-Segura para la zona norte de Almería. Esta afirmación hace referencia a que, como ha recalcado Crespo, la transferencia realizada en los tres últimos meses, “no está basada en la decisión de los técnicos” que conforman la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
En respuesta a una pregunta parlamentaria, la responsable de Medio Ambiente ha explicado que, desde su Departamento, se han interpuesto ya dos recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de trasvase correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019 porque, a pesar del “diálogo que hemos intentado mantener con el Gobierno de España”, el Ejecutivo central “no ha atendido a las razones” expresadas desde Andalucía en defensa de los productores.
Al respecto, Carmen Crespo ha apuntado que la Audiencia Nacional ha admitido ya a trámite los dos recursos presentados por la Comunidad Autónoma andaluza, así como los remitidos desde Murcia y Valencia “defendiendo a sus regantes”.
Estos escritos contra el Gobierno central responden al hecho de que el Ejecutivo español haya aplicado un criterio de “trasvase cero” para regadío a la provincia de Almería, tanto en noviembre como en diciembre del año pasado, a pesar de que los técnicos sí contemplaran la posibilidad de destinar recursos para la agricultura. En concreto, la Comisión había propuesto un trasvase para el pasado mes de noviembre de 14,7hm³, de los que 7,5 serían para abastecimiento mientras que 7,2 podrían destinarse a regadíos. En el mes de diciembre, esta misma entidad propuso una dotación de hasta 19,6hm³, de los que 7,5 irían destinados al abastecimiento abriendo la posibilidad de que los 12,1hm³ restantes fuesen destinados al regadío.
Sin embargo, en ambas ocasiones el Ministerio únicamente otorgó 7,5hm³ para abastecimiento y suprimió la dotación propuesta para el regadío. Actualmente, Teresa Ribera tiene capacidad para establecer el volumen del trasvase desde que en mayo se declarara el nivel 3 de ‘Situación Excepcional’.
En cuanto a la transferencia del mes de enero, Carmen Crespo ha apuntado que su Consejería está trabajando en la documentación necesaria para interponer un tercer recurso “porque este Gobierno defiende lo que es nuestro, una ley del trasvase Tajo-Segura que el Gobierno de España está cercenando a los agricultores del norte de la provincia de Almería”. En este caso, la ministra fijó el trasvase en 16,2hm³ (7,5hm³ para abastecimiento y 8,7hm³ para regadío) mientras que la propuesta de los técnicos para el primer mes de 2020 admitía la posibilidad de trasvasar hasta 20hm³.
Por otro lado, la consejera ha recalcado que la Junta “cree en los trasvases porque es una cuestión de solidaridad entre territorios” en cuestiones relativas al agua pero, por el contrario, el Gobierno de España está poniendo obstáculos en el camino “para que esas transferencias legítimas establecidos por la Ley del Trasvase Tajo-Segura vayan decayendo”.
Asimismo, Crespo ha lamentado que desde el Ministerio, se haya permitido la entrada en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura a las localidades ribereñas, “que están en contra del trasvase”, sin tener en cuenta que se trata de “una comisión técnica que decide los caudales ecológicos y los trasvases que se pueden hacer, en este caso, en nivel 3”.
