La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha transferido al Consejo andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y al Consejo Andaluz de Procuradores 9.801.787,57 euros por las asistencias realizadas por los profesionales de la Abogacía y la Procura dentro del sistema de Justicia Gratuita entre julio y septiembre.
En concreto, la Junta ha abonado 787.036,75 euros a los procuradores y 9.017.780,82 euros a los letrados por las actuaciones certificadas que los colegios presentaron a final de octubre y que, una vez comprobadas, no requieren subsanación. En el caso de los abogados, 3.171.657 euros corresponden a las guardias y 5.846.093,82 euros a las asistencias por el turno de oficio.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado la «labor social de los abogados y procuradores de oficio para asegurar la igualdad en el derecho al acceso a la Justicia, ya que garantiza la representación jurídica a las personas que carecen de recursos económicos y a víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres que sufren violencia de género». De hecho, más de 4.400 letrados están adscritos al turno de oficio especializado en violencia de género y en el tercer trimestre del año han realizado 3.780 guardias para prestar asistencia a las víctimas.
Así, ha destacado el esfuerzo de la Consejería por mejorar sus retribuciones e incluir actuaciones que hasta ahora no se cubrían en el sistema de Justicia Gratuita, como la mediación. Andalucía es la primera comunidad que ofrece la posibilidad de contar con un abogado de oficio para estos procedimientos y retribuye con hasta 400 euros a los profesionales que logren acuerdos por esta vía alternativa de resolución de conflictos. Los letrados han certificado 55 procesos de mediación en el tercer trimestre.
Para Nieto, «los profesionales de la Abogacía y la Procura son aliados fundamentales en la Estrategia que hemos puesto en marcha en la Consejería para impulsar la mediación, con recursos como el Servicio de Mediación Penal en Andalucía, que ahorra costes y tiempo y que contribuye a aliviar la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados andaluces por la alta tasa de litigiosidad».
Asimismo, desde enero también se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después éstas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita.