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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha triplicado, desde la inspección urbanística, el número de actuaciones para evitar la proliferación de edificaciones irregulares en Andalucía. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha agradecido la “labor fundamental de inspectores, fiscales, policías y guardias civiles para velar por buen uso de nuestro territorio” y ha aseverado que, entre todos, “tenemos que conseguir que nadie se salte la ley, que nadie construya sin autorización en cualquier parte, porque eso sólo genera problemas”.
Marifrán Carazo ha hecho estas declaraciones durante una jornada de encuentro del Seprona de la Guardia Civil, la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, la sección de Medio Ambiente del Ministerio Fiscal y la inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, en la que se ha analizado el trabajo de vigilancia en el territorio andaluz, además de abordar las ventajas que aportará a la labor inspectora la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que se aprobó la semana pasada por amplia mayoría en el pleno del Parlamento andaluz.
La consejera ha resaltado que el actual Gobierno andaluz “se ha empeñado desde el minuto uno en hacer entender a todos que no se puede construir en cualquier sitio y que tampoco se puede levantar una edificación si no se cuenta con la pertinente licencia”. Para ello, se ha dado mayor protagonismo en este mandato a la inspección urbanística. En apenas tres años, la Junta de Andalucía ha triplicado el número de actuaciones contra la aparición de irregularidades urbanísticas. Frente a los 557 actuaciones de 2018 y tras dos ejercicios de continuo incremento, en lo que va de año se han contabilizado 1.654 actuaciones.
Además, se han multiplicado por casi cinco las actas de inspección: de 164 de 2018 a 750 actas en el presente ejercicio. En línea con estos números, se han contabilizado 554 expedientes de investigación o denuncias este año, un dato que duplica las 263 que se acometieron en 2018.
Marifrán Carazo también ha incidido en el precinto de edificaciones que han impedido la formación de nuevos núcleos residenciales en suelo no urbanizable. Sólo en 2021 se han precintado 45 edificaciones en construcción, destacando actuaciones que se han llevado a cabo en la Línea de La Concepción y Arcos de la Frontera. También se han abierto 60 expedientes de protección de legalidad urbanística, casi el triple que en 2018, que tienen por objeto parcelaciones urbanísticas y edificaciones sin licencia en ámbitos donde hay riesgo que se puedan producir nuevos asentamientos.
Por último, se han producido 179 expedientes sancionadores frente a los 25 de 2018. La cuantía de las multas impuestas ronda los cuatro millones de euros, entre las que figuran los casi 900.000 euros a un proceso de parcelación con 133 subparcelas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) o los más de 600.000 euros impuestos a parcelaciones irregulares en El Palmar, en el término de Vejer de la Frontera (Cádiz).
“Ese aumento de inspecciones ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por el equipo de inspección de esta Consejería, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el uso de nuevas herramientas tecnológicas como la ortofotografía digital o a la coordinación con el poder judicial”, ha resaltado Marifrán Carazo.
En paralelo a ese aumento de las inspecciones se ha producido un aumento de las autodemoliciones por parte de los infractores que, ante el riesgo de una multa mayor, deciden voluntariamente derribar esas construcciones irregulares. Así ocurrió en Vejer de la Frontera (Cádiz), Iznájar (Córdoba) Cogollos de la Vega (Granada), en Linares e Ibros (Jaén), Alcolea del Río (Sevilla); Santa Cruz de Marchena y Oria en Almería y en Manzanilla (Huelva).
La LISTA reforzará la labor inspectora
La consejera ha aprovechado las jornadas para explicar las ventajas que aportará la recién aprobada LISTA, que ha recibido un amplio respaldo social y parlamentario para simplificar y aclarar el Urbanismo en Andalucía. Marifrán Carazo ha resaltado que esta ley aporta novedades como la posibilidad de que haya viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico. “Con ello no solo luchamos contra la proliferación de viviendas irregulares, sino que impulsamos el desarrollo de las zonas rurales y luchamos contra la despoblación”, ha resaltado. A su vez, ha destacado otros puntos de la ley, como favorecer la integración ambiental y territorial de las edificaciones irregulares prescritas, de manera que se permitirá que los ayuntamientos redacten planes especiales con los que corregir el impacto ambiental que generan.
Además de todo ello, la LISTA supondrá “una oportunidad magnífica en materia de disciplina territorial y urbanística”. Por un lado, delimita las competencias de forma clara entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Y, en segundo lugar, crea el cuerpo de subinspectores que tendrá como consecuencia un incremento de la vigilancia.
“La mejor medida para prevenir es detectar cuanto antes, en el momento en que se está levantando una edificación ilegal y tomar las medidas necesarias entonces para no tener que precintar o demoler edificaciones con posterioridad”, ha manifestado. Para este objetivo se ha reforzado la colaboración con los ayuntamientos, con la Guardia Civil (Seprona), con la Unidad de la Policía de la Comunidad Autonóma de Andalucía y con la Fiscalía, además de incrementar los recursos, gracias a un plan de choque que nos ha permitido incorporar nuevos inspectores interinos.
