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El pleno de la corporación ha aprobado en sesión extraordinaria, con el voto de PP e IU, y la oposición de PSOE y no adscrito, iniciar el expediente de revisión de oficio de la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la Junta local de 27 de septiembre y 13 de octubre de 2006, por los que se ejecutó la compra de dos fincas rústicas a un precio casi tres veces superior al estimado por técnicos municipales en un estudio encargado por el actual Ayuntamiento. Decidió en esta ocasión el voto de calidad del alcalde, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ya que el pleno de marzo registró la tercera dimisión de un concejal socialista en la presente legislatura.
Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, José Joaquín de la Torre (PP), el Ayuntamiento de Almonte –regido entonces por el PSOE- adquirió en 2006 un total de 153 hectáreas repartidas en varias fincas, por un montante de 4,3 millones de euros. Los técnicos han determinado -por comparación con las referencias catastrales de aquel año, que el valor de las parcelas estaba próximo a 1,5 millones de euros. “Queremos que un órgano independiente se pronuncie. Con ello, estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos de Almonte”, comentó.
Por ello, De la Torre explicó que la operación de compra se llevará al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, para que decida acerca de su nulidad, “a partir de que, a nuestro juicio, se prescindió del procedimiento legalmente establecido, la adquisición se realizó sin memoria justificativa y se eludieron los controles de la administración autonómica”. En casos anteriores –compra del campo de golf de Matalascañas, concesión de la gestión de multas a la empresa Iddiam- el dictamen del Consultivo fue favorable al actual Consistorio. De otro lado, el pasado pleno de marzo sirvió para trasladar a este órgano la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros a favor de Aproindo S.L.
Según recordó en la sesión el portavoz de IU Daniel Martínez, “estas decisiones se tomaron de espaldas al pleno, al que el PSOE le retiró competencias en la pasada legislatura para no dar cuentas de la gestión, merced a la mayoría absoluta de que disponían”. Por otro lado, comunicó que “aún no conocemos qué proyecto se iba a realizar allí, todo era pura improvisación; el expediente se montó en 15 días, y la compra fue directa y no por concurso”.
Por último, trasladó que “es necesario que los socialistas dejen de mirar únicamente por los intereses del PSOE y defiendan los de Almonte. En este caso, apoyando la revisión y no tratando de escaparse por los rincones”. Al inicio de la sesión, el portavoz socialista José Villa enumeró diferentes argumentaciones que -en su opinión-, llevarían a la “nulidad de las decisiones que se tomaran en la sesión plenaria”. Argumentaciones que compartió posteriormente su compañera de grupo municipal, Azucena León.
Al inicio, el alcalde José Antonio Domínguez Iglesias, desestimó la instancia de recusación de los vendedores. Para ello, dio lectura al decreto en el que indicó “la falta de fundamentación jurídica del escrito y de documentación necesaria”. Por otra parte, razonó que quedan garantizados los derechos de los interesados, ya que tienen la posibilidad de presentar alegaciones a posteriori, “sin que se vulnere la legitimidad de los representantes públicos a la hora de tomar decisiones”.
La aprobación de este punto supone el inicio de la vía administrativa acerca de un procedimiento que tiene su correlato penal, en el caso conocido como “Dehesa Santa María”.
Por esta causa, están imputados por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el juzgado número 3 de La Palma del Condado, tres concejales del PSOE en oposición –el ex alcalde, Francisco Bella, el diputado provincial José Villa y la edil Azucena León-, la actual secretaria general del PSOE de Almonte Rocío Espinosa, así como dos concejalas de la legislatura 2003-2007, M.B.J.R. y R.M.N.R. -esta última miembro de la ejecutiva local-. Finalmente, dos empleados públicos y dos vendedores.
