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El pleno ordinario de julio en el Ayuntamiento de Almonte contará entre sus puntos con la aprobación, si procede, de la propuesta de resolución del expediente de revisión de oficio del contrato de eliminación de escombros y restos de obras. El pasado 2 de julio, el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía emitió un dictamen por el que lo declaró “nulo de pleno derecho” y, por tanto, ilegal. Concretamente, los acuerdos de las comisiones de gobierno de 3 de octubre de 2003 y 22 de marzo de 2007, referentes a la empresa Aproindo S. L. y la concesión de Planta de Reciclaje de Almonte.
Mediante cuatro modificaciones aprobadas de urgencia –es decir, sin posibilidad de control por parte de la oposición- el Ayuntamiento presidido por Francisco Bella (PSOE) modificó al alza el contrato inicial con Aproindo entre los años 2003 y 2007, que pasó de 240.000 euros en quince años a 15,4 millones por el doble de tiempo. Por ello, el Consultivo ha resuelto que no se respetaron “los principios de transparencia, igualdad y concurrencia para el resto de posibles licitadores” Al alterar el contrato a los 46 días de la adjudicación, indica que debió ponerse en marcha “un nuevo expediente de contratación”, y no una modificación contractual, cuya justificación considera “artificiosa”.
El Consejo Consultivo ha señalado en su dictamen que ambas modificaciones -sometidas a revisión por parte de los actuales gestores- se dictaron “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido”. Finalmente, ratifica que “la parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria por los daños y perjuicios que haya sufrido”, en la “necesidad de defender el interés público”, por lo que coincide en sus planteamientos con los defendidos por el equipo de gobierno popular en el Consistorio.
Por lo tanto, se presentará para su debate y aprobación en el pleno de este miércoles, las siguientes propuestas: entre otras y de acuerdo con la decisión del Consejo Consultivo, declarar la nulidad de dichos acuerdos, así como delegar en el alcalde para el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, así como de defensa de los intereses del Ayuntamiento. Hay que recordar que la petición para que se pronunciase el órgano dependiente de la Junta de Andalucía coincidió con la dimisión del concejal socialista Manuel Cepeda. Entonces, el grupo municipal del PSOE votó en contra, junto al edil no adscrito. Por su parte, PP e IU lo hicieron a favor.
Finalmente, el actual alcalde ha presentado el 23 de junio una denuncia penal por estos acuerdos contra el ex regidor Francisco Bella, la entonces diputada provincial de Medio Ambiente Rocío Espinosa –ahora secretaria general del PSOE-A- y el empresario, C.B.T. De la misma forma y por la vía administrativa, el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía ya se pronunció acerca de la nulidad de la compra del campo de golf de Matalascañas y el contrato de gestión de las multas con la empresa Iddiam Sistemas. En ambas ocasiones, los acuerdos se produjeron en la legislatura 2007-2011, también bajo gestión socialista.
