Por El pleno municipal del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad las mociones presentadas por el PSOE e IULV-CA que perseguían, respectivamente, el reconocimiento de La Rábida como ‘Lugar de Encuentro Iberoamericano’, así como instar al Gobierno central a que cite a los líderes iberoamericanos en la provincia, concretamente en el citado espacio.
Según han recordado los socialistas en un comunicado, existen varios acuerdos anteriores por parte del Congreso de los Diputados, jefes de Estado y el Senado que ‘ratifican’ esta declaración que ‘claramente se está incumpliendo’, haciendo referencia a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz el pasado mes de noviembre o a la que tuvo lugar en Salamanca en 2005.
Y es que el grupo socialista ha recordado que, el 29 de septiembre de 1999, se aprobó de manera unánime por el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se recogía impulsar la celebración reuniones y conferencias en los Lugares Colombinos que sirvieran para afianzar y desarrollar las relaciones entre España y América, especialmente las que se realicen en el marco de los programas de cooperación de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos.
Asimismo, el 16 de noviembre de ese mismo año, los 21 Jefes de Estado que asistieron a la Cumbre de la Habana (Cuba) corroboraban este acuerdo y firmaban el compromiso que otorgaba a La Rábida la denominación de ‘Lugar de Encuentro Iberoamericano’.
Más recientemente, el 24 de febrero de 2011, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobaba una moción que instaba al Gobierno de España a, textualmente, ‘impulsar la promoción ante las instancias oportunas el apoyo a la organización en la provincia de Huelva de reuniones de ministros, presidentes de Gobierno y jefes de Estado de la Unión Europea y de los países iberoamericanos en el marco de las relaciones internacionales’.
Desde el PSOE han defendido la importancia que para Huelva tiene la ‘capitalización del hecho descubridor y las relaciones con Iberoamérica’, así como su ‘legítimo derecho a exigir el cumplimiento al Gobierno español de acuerdos unánimes’ en este sentido.
