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La legalización de más de 300.000 viviendas en Andalucía era una promesa electoral del PP que desde el pasado mes de septiembre se puso en marcha mediante un Decreto Ley.
Las medida arbitrada por Juanma Moreno obtuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento a excepción de Adelante Andalucía.
Se trata de un documento técnico y administrativo que da a los alcaldes las armas legales para modificar sus PGOUs e incluir en sus términos municipales como urbanos suelos que hasta entonces no lo eran. No podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales.
Sin embargo, el Gobierno central considera que hay «discrepancias legales» en este decreto que chocan con la Ley de Costas y que, por lo tanto, plantea un conflicto jurídico que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional.
El Estado y la Junta tendrán ahora que sentarse a negociar y, si no hay acuerdo antes del 20 de junio de este año, el ministerio planteará un recurso de inconstitucionalidad a todo el decreto.
Desde la Consejería de Fomento defienden que esta regularización es el camino para encontrar un equilibrio entre el interés general y la preservación del Medio Ambiente, y los derechos que asisten a los propietarios de estos inmuebles que los compraron de buena fe. Es, además, un problema que se repite en todas las provincias andaluzas.
