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La portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ana Vanessa García, ha destacado la aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia esta semana en la Cámara autonómica y la ha enmarcado en la agenda reformista del Gobierno de Juanma Moreno. “El Gobierno andaluz no sólo está centrado en la crisis sanitaria y en la reactivación económica, social y de empleo en Andalucía, como no podía ser de otra manera, sino que también está haciendo las reformas profundas e importantes que eran urgentes llevar a cabo en nuestra tierra como esta Ley de Infancia y Adolescencia que protege a más de medio millón de menores andaluces y más de 5.000 menores tutelados por la Junta de Andalucía”. “Es una ley pionera, la más moderna en España, que resuelve muchas cuestiones en cuanto a la protección de la infancia y la adolescencia, pero también acompañando y guiando a las personas extuteladas hasta su integración real, social y laboral”.
García ha explicado que “era necesario mejorar el sistema de protección y con esta ley se dan ahora herramientas tanto a los servicios sociales como a los ayuntamientos para que puedan ser rápidos y eficaces y puedan declarar una situación de riesgo cuando se dé de forma que de pueda actuar de inmediato protegiendo al menor”.
Junto a ello, también se reconoce “el trabajo de todas las familias que colaboran con la Junta en esa protección de los niños” y se dan herramientas a los propios menores para defender sus derechos con justicia gratuita para ellos.
Así, la parlamentaria popular ha señalado que “cumplimos con nuestra palabra”, ya que era un “compromiso del PP y de Juanma Moreno que reivindicamos incesantemente cuando estábamos en la oposición en la anterior legislatura, cuando el gobierno del PSOE dejó metido en el cajón este proyecto de ley”.
Igualmente, García ha apoyado que esta nueva norma cuente con el respaldo presupuestario de 2.500 millones de euros para hacer viable su aplicación, ya que hasta ahora “estábamos acostumbrados a ‘leyes de poesía’ que aprobaban los gobiernos socialistas sin poner dinero para su aplicación, por lo que de poco servían para mejorar la vida de los andaluces”.
