Por 
El Partido Popular va a solicitar en el Parlamento andaluz que la Junta de Andalucía aclare el número de centros de la provincia y en cuáles va a aplicar el Plan de Retirada Progresiva de Amianto en los centros escolares públicos, probado hace unas semanas por el Gobierno autonómico y del que se desconocen «datos concretos sobre su repercusión en Huelva».
El parlamentario andaluz del PP, Guillermo García Longoria, ha señalado que durante los últimos meses, debido a la presión de Ampas, sindicatos y partidos políticos, se ha producido «un amplio debate en relación a la presencia de amianto en los centros educativos», por lo que la Junta de Andalucía «se ha visto forzada a aprobar este plan de retirada progresiva en los centros escolares públicos andaluces, al que destinará 60 millones entre 2016 y 2022».
En este sentido, García Longoria ha señalado que «en la provincia de Huelva aún no se conocen datos concretos sobre la repercusión de este material en los centros educativos». Por ello, el objetivo del PP es que la Consejería de Educación dé a conocer estos datos, ya que «hay alrededor de 220 colegios afectados en toda Andalucía pero no sabemos a qué centros de la capital y de la provincia afecta», informa el PP en un comunicado.
Según ha subrayado el popular, «los padres y madres onubenses merecen saber en qué condiciones están los centros educativos a los que van sus hijos e hijas y, por tanto, vamos a exigir que la Junta diga claramente qué colegios tienen amianto y qué medidas va a poner en marcha».
Por ello, ha añadido, su formación va a reclamar que «la Junta no oculte esa información y se haga un inventario en Huelva de todos los centros educativos que tienen amianto, pues afectaría a escuelas infantiles, centros de educación especial, residencias escolares, colegios y a institutos», ha recalcado el dirigente popular.
Asimismo, ha recordado que «la Junta, incluso, ya ha señalado que se han realizado trabajos en 54 centros de Andalucía sin especificar cuáles son y por ello queremos saber si en Huelva ya se está actuando».
Una vez que el PP obtenga estos datos de la Junta de Andalucía, ha proseguido García Longoria, van a solicitar, atendiendo a las recomendaciones realizadas por la Unión Europea en materia de eliminación del amianto, la elaboración de un calendario de retirada segura en dos tiempos. En primer lugar, y de forma urgente, en los colegios que tienen amianto con más de 30 años o estén en peor estado para, posteriormente, promover que el amianto de todos los centros educativos quede erradicado antes de 2030, fecha en la que se estima que el 87 por ciento de este material ha cumplido 40 o más años y ha llegado al fin de su vida útil.
Sin embargo, ha afirmado el dirigente del PP onubense, «el Gobierno andaluz sólo habla de actuar en centros de cierta antigüedad y previa petición de las Ampas, cuando en un tema tan importante como este, en el que hablamos de miles de niños y niñas expuestos a un material cancerígeno, no debería haber diferencias y la actuación debería ser global».
Así, ha añadido, «lo dejan claro las resoluciones de la UE, que establecen que todos los tipos de amianto resultan peligrosos». Su efecto perjudicial se ha documentado y reglamentado y ya en 1977 un grupo de expertos encargado por la Comisión Europea concluyó que no existen pruebas teóricas de que exista un límite de exposición por debajo del cual no haya riesgo de desarrollar un cáncer y que no se ha establecido un nivel seguro de exposición al amianto, una opinión que ha sido confirmada a lo largo de los años por todos los organismos científicos consultivos.
Por ello, ha concluido García Longoria, «no podemos entender que se vaya a tratar de diferenciar entre colegios: todos en los que haya amianto, sin excepción, deben ser intervenidos».
