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El delegado del Gobierno en Andalucia, Antonio Sanz, ha informado hoy que en el primer trimestre de 2016 estará operativo el nuevo protocolo de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género, en el que se ha introducido una profunda reforma que permite “adaptar el sistema a los cambios sociales, simplificar el uso policial del formulario e individualizar mejor el nivel de riesgo”, según ha dicho.
La nueva herramienta de valoración, que estará en periodo de pruebas durante seis meses y se ha realizado en colaboración con un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid, contará con 39 indicadores en vez de los 16 que se contemplan en el protocolo policial actual.
Según ha explicado Sanz, entre los nuevos indicadores se incluyen “factores asociados a las conductas del agresor, a las características individuales de la víctima, a la evaluación de la evolución del riesgo -si la mujer ha iniciado una nueva relación sentimental, tiene menores a su cargo o está en trámites de separación- y a la situación laboral de la víctima y del agresor”.
Sanz ha dado a conocer los detalles del nuevo protocolo, que constituye una importante herramienta para la red de seguimiento integral Viogen, durante una rueda de prensa ofrecida para evaluar las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género durante la legislatura.
El Delegado ha estado acompañado del nuevo coordinador de Violencia de Género en Andalucía, Joaquín Pérez de la Peña, que hasta el momento era el responsable del Servicio de Atención a la Familia del CNP en Sevilla y cuyo nombramiento, en palabras del delegado, “contribuirá a seguir avanzando en la protección policial de las víctimas, la prevención y la coordinación” frente a esta lacra social.
Sanz ha destacado que el Gobierno ha impulsado un importante paquete de medidas legislativas para apoyar a las víctimas y a sus hijos, al tiempo que se ha hecho un gran esfuerzo de mejora de la coordinación entre administraciones en la lucha común contra la violencia de género, que es “un asunto de Estado” y que desde el año 2003 ha costado la vida a 162 mujeres en Andalucía. En lo que va de año han sido 7 las mujeres que han muerto por violencia de género en la Comunidad Autónoma y 29 en España.
Entre las medidas legislativas impulsadas destacan la modificación del Código Penal, que mejora la protección de las víctimas, la ampliación de las competencias y la jurisdicción de los juzgados especializados y la entrada en vigor, el próximo octubre, del Estatuto de la Víctima del delito.
Según el delegado, uno de los avances fundamentales de la legislatura es que “los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género quedan reconocidos, por primera vez, como víctimas directas de la violencia de género” mediante las modificaciones introducidas en la ley Integral contra la Violencia de Genero a través de la Ley Orgánica 8/2015, ya en vigor.
