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La secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García, junto a la coordinadora del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, y otros dirigentes socialistas, ha reivindicado, durante una visita al centro La Canariega en Almonte, un coste de la plaza razonable justo de la dependencia y hacer una valoración para poder identificar de qué estamos hablando y qué está ocurriendo tras “la cicatera propuesta que ha puesto encima de la mesa la consejera Inclusión Social, Loles López, de la mano de Moreno Bonilla que hace que el sostenimiento de estos centros vea mermado la calidad, pero al mismo tiempo también el funcionamiento durante todos los días del año”.
Según García, “la propuesta de un 4,5% no llega ni por asomo a la mitad de lo que viene reivindicando el colectivo que únicamente permitiría una actualización de los gastos que tienen hoy de electricidad de suministros varios y, sobre todo, también de dignificar a los miles de profesionales que cada día dedican todo su trabajo y su compromiso para garantizar esa igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas y algunos no tan pequeños que se atienden en centros como este. Estamos hablando de unos 14.000 profesionales que desgraciadamente van a ver cómo no van a poder ser actualizados sus sueldos cumpliendo por tanto un convenio colectivo congelado desde hace tres años. Y, que necesitan de la mano del esfuerzo que hace muchos padres y madres diariamente para poder blindar y cumplir con todo ese funcionamiento.
En esta línea, ha apuntado que “la cantidad es prácticamente irrisoria de un presupuesto de 44.000 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía”, por eso, “no podemos entender lo que supondría unos 15 millones de euros para actualizar todos estos precios y, por tanto, permitiría dar tranquilidad y solvencia a todas y cada una de las plazas concertadas que tienen todas estas asociaciones”.
Para la también parlamentaria andaluza, “es muy injusto colgar sobre las espaldas de padres y madres de muchos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía algo que es un servicio público que debe de permitir desarrollar con plenitud”.
“Más de 700.000 personas sufren una discapacidad en nuestra tierra y por ende debemos resolver cualquier tipo de obstáculo para garantizar que esa igualdad de oportunidades llegue a todos y cada uno de los rincones de toda Andalucía”, ha apuntado, al mismo tiempo que ha recordado que en el Parlamento de Andalucía se rechazó con el voto en contra del Partido Popular la semana pasada una propuesta que lo que ponía por escrito, eran las reivindicaciones de todas estas entidades, pero especialmente lo vuelve a repetir de padres y madres que tienen el derecho a que sus hijos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro padre o madre de Andalucía los rechazaron y por tanto van a poner en jaque, a lo largo de todo este año el funcionamiento de muchos centros”.
Por su parte, Susana Rivas ha valorado la gran labor que hace la Asociación la Canariega, los tres centros que tiene donde se atienden a 300 personas, el trabajo que hace con esa atención temprana con los niños de 0 a 3 años y con el centro ocupacional para que personas con discapacidad puedan encontrar un puesto de trabajo que de alguna manera les permita la inclusión en la sociedad.
Al hilo de ello, Rivas ha lamentado que asociaciones como estas se vean perjudicadas por la política que está llevando a cabo Moreno Bonilla con respecto a la dependencia, “ya sabemos que desde que él entró en el gobierno en las listas de espera han aumentado en Andalucía, de hecho somos la comunidad autónoma con las listas de esperas más altas de toda España y en el caso de Huelva, los datos son escalofriantes porque tenemos a más de 4.700 personas en lista de dependencias con una espera de 542 días para que puedan ser valorados su situación y puedan acceder a esa ayuda a la que tienen derecho”.
Finalmente, la parlamentaria onubense ha exigido una vez más al Gobierno de Moreno Bonilla que “apueste por la dependencia, que apueste por estos menores, por estos adultos que necesitan que se cumpla con la Ley de la Dependencia”.
