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El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que establece que las comunidades de propietarios podrán prohibir por mayoría el alquiler vacacional. Para que esta medida contra los pisos turísticos tengan efectos legales dicho acuerdo debe de ser por mayoría de tres quintos.
Nuevo varapalo para los alquileres turísticos, esta vez por parte del Tribunal Supremo que ha ha establecido en dos recientes sentencias que las comunidades de propietarios podrán prohibir los llamados “pisos turísticos”. Con dichas sentencias los propietarios podrán a partir de ahora con la ratificación del Tribunal Supremo prohibir en sus bloques y comunidades los “pisos turísticos” por una mayoría de tres quintos.
Las sentencias fechadas el pasado 25 de septiembre se pronuncian por primera vez sobre la el decreto de 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Los magistrados del Tribunal Supremo ven lícita la prohibición en los estatutos de una comunidad de propietarios del alquiler de viviendas con uso turístico.
La Ley de Propiedad Horizontal, que se modificó por parte del ejecutivo recientemente, ya establecía una mayoría de tres quintos de los propietarios para “limitar” el uso turístico de las viviendas, algo que hasta ahora no había sido aplicado de forma unánime en los juzgados por ello el Tribunal Supremo ha sentenciado al respecto poniendo fin a los diferentes criterios de varias audiencias provinciales cuyas resoluciones diferían en si debía tratarse de esta mayoría reforzada o de una decisión por unanimidad de los propietarios.
El alto Tribunal se ha amparado en su propia jurisprudencia para declarar lícita la prohibición en los estatutos de la comunidad del alquiler de viviendas para uso turístico, insistiendo además en que en el régimen de la propiedad horizontal, la prohibición de uso de los elementos privativos es “legítima y conforme con la Constitución”. La sala del Supremo ha considerado que la “atribución de esta facultad de prohibición con mayoría reforzada es una medida proporcionada a los intereses en conflicto”, un nuevo varapalo más para los pisos turísticos que no dejan de estar en el centro de mira de además las comunidades de vecinos de las distintas administraciones públicas.
