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El TSJA ha rechazado la petición de los sindicatos médico (SM), de enfermería (Satse) y de auxiliares de enfermería (SAE) para que se tomaran medidas cautelares y se paralizara el proceso de unificación que se está llevando a cabo en los hospitales de Huelva capital, según el auto emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales valora positivamente el dictamen del alto tribunal andaluz, que permite seguir trabajando en el desarrollo del Complejo Hospitalario de Huelva, un proyecto que además ha sido avalado públicamente por los jefes de servicio de los centros hospitalarios de la ciudad.
La administración autonómica recuerda que la Consejería de Salud aprobó precisamente la orden de 21 de noviembre de 2014 con el objetivo de dar soporte desde el punto de vista jurídico al proceso de unificación de los hospitales, en respuesta al compromiso adquirido con los representantes sindicales en la mesa sectorial.
La orden se justifica, según reza en la misma, en “la necesidad de integrar toda la estructura de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena en aras de una mejora de la oferta asistencial a la ciudadanía y de una mayor eficiencia y racionalidad”.
La Junta lamenta la campaña de estos tres sindicatos en contra del procedimiento de unificación y que para ello trasmitan una imagen de la sanidad pública onubense, en general, y de la actividad hospitalaria, en particular, que para nada se corresponde con la realidad.
En este sentido, conviene recalcar que la constitución del Complejo Hospitalario de Huelva persigue la suma de recursos para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía a partir de la experiencia de los equipos profesionales de los dos centros hospitalarios de la capital. El objetivo es disponer de una oferta sanitaria mejor y más equitativa para la población en un escenario sanitario público y sostenible, a través del desarrollo de unidades hospitalarias que permitan avances en la calidad asistencial.
De hecho, esta iniciativa ha permitido ya la puesta en marcha de numerosas prestaciones que aumentan la cartera de servicios sanitarios, algunas de las cuales no existían hasta el momento en la provincia, a la vez que la ejecución de inversiones de renovación en las instalaciones que en su conjunto tienen un coste superior a los 10 millones de euros. Por lo tanto, en ningún caso se recortan o cierran servicios, sino todo lo contrario: se complementan los existentes para reforzar su actividad y lograr una mayor especialización.
Asimismo, este proceso también implica importantes ventajas para el desarrollo de las competencias de los trabajadores sin que se produzcan mermas en sus derechos.
