“Nuestra lucha por el municipalismo es algo que define al Partido Socialista, no concebimos una sociedad en la que no exista la igualdad de oportunidades”, ha apuntado la vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Gestora, diputada nacional y secretaria de Pesca del PSOE, María Luisa Faneca. Por ello, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) que tiene como objetivo la elaboración del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que contribuirá a fijar la población en las áreas menos habitadas, que en Huelva afectaría a 60 de 80 municipios, según los datos en el padrón a fecha de 01/01/2019.
Se trata de una iniciativa que se hace en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y resto de agentes implicados, que busca medidas dirigidas a mejorar la organización y el funcionamiento administrativo, procedimientos de contratación y prestación de servicios por parte de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Con ello, se pretende crear unas herramientas adaptadas a las necesidades de los pequeños municipios para que puedan afrontar dificultades en su gestión que se han agravado con la actual crisis provocada por la pandemia. Las entidades locales, las administraciones públicas más cercanas, tienen que dar respuestas a la ciudadanía, ya que son la puerta de entrada a nuestro Estado del Bienestar y, además, son espacios para la convivencia en los que debe preservarse la calidad democrática.
En el caso de los municipios menores de 5.000 habitantes han tenido que lidiar con esa dispersión territorial y demográfica que afecta a nuestro país, debiendo ejercer sus funciones en el marco de un régimen de organización y funcionamiento que no siempre se adapta a sus necesidades.
Si bien, cabe recordar que en 2019 el Consejo de Ministros aprobó las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyo objetivo general es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio a través de la coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la colaboración público-privada.
Pero, aún así, la realidad de los municipios de menos de 5.000 habitantes es que no tienen una respuesta adecuada en las normas vigentes, por lo que es necesario buscar otros mecanismos para estos municipios y que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan.