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El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 1 el Anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, una normativa que persigue “contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, valorar la función socioeconómica de la pesca en cada territorio y estrechar los vínculos entre la ciencia y la política pesquera con la finalidad de racionalizar el marco normativo”. Así lo ha puesto de manifiesto la coordinadora de la Gestora del PSOE de Huelva, diputada portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca.
El mantenimiento de esta actividad económica sostenible “es esencial para asegurar no solo el futuro de dichas poblaciones y su adecuada vertebración, sino la provisión de bienes públicos asociados a estas actividades, como la fijación de población en las zonas rurales de la costa, la oferta de actividades económicas alternativas, el mantenimiento de la actividad artesanal o la salvaguarda del legado cultural, conciliando todo ello con la protección de la biodiversidad marina”, ha enfatizado la diputada socialista onubense.
El Pacto Verde Europeo ha marcado las líneas a seguir para que esta nueva ley pesquera cumpla con las pautas de sostenibilidad al tiempo que se potencie el sector como puntal para la economía: “Tenemos por delante nuevos retos de gestión pesquera y estamos obligados a reforzar el nexo que debe unir la ciencia y la política pesquera, regulando por primera vez el acceso a los recursos genéticos pesqueros”, ha señalado la diputada onubense.
El propio titular del Ministerio, Luis Planas, aseguró después del Consejo de Ministros, que constituye “un paso adelante definitivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector pesquero en una triple dimensión: ambiental, necesaria para mantener los recursos que permiten la actividad pesquera; económica, para hacerla rentable; y social, para el mantenimiento de las comunidades costeras a lo largo de los casi 8.000 kilómetros de litoral de nuestro país”.
El nuevo texto -que derogaría al anterior de 26 de marzo de 2001, que supuso en su momento un hito esencial y fue pionera en muchos ámbitos- persigue, de hecho, “adaptar la legislación a la realidad del sector y responder a los retos de racionalización, modernización, transparencia y seguridad jurídica, algo fundamental para cumplir con las exigencias ambientales, sociales y económicos y para reordenar la pesca, mejorarla y dar garantía y seguridad alimentaria, clave para la vertebración de las comunidades costeras, tal es el caso de Andalucía”. La nueva normativa tendrá en cuenta la tradición e importancia de la actividad pesquera de la flota española y del comercio de productos de pesca, con la existencia de territorios muy dependientes de estas actividades, como es el caso de Huelva.
La diputada, que es también responsable de Pesca en la Ejecutiva Federal del PSOE, ha querido destacar ya se han dado a conocer al sector de primera mano los pormenores de la nueva normativa. Así, el día 2 se celebró el primer encuentro de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, con los representantes de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), para comenzar la tramitación de ese anteproyecto. Ahora volverá a someterse a información pública y se harán las consultas pertinentes al sector, a los organismos científicos, comunidades autónomas, ONG y demás representantes de la sociedad civil con implicación en esta materia. Cuando vuelva al Consejo de Ministros, se iniciará el trámite parlamentario.
