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El fiscal de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, se ha pronunciado este miércoles sobre el control de la extracción ilegal de agua en explotaciones agrícolas de Espacio Natural de Doñana, un trabajo «arduo y complejo» llevado a cago por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En declaraciones a los periodistas en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, donde ha asistido a la presentación del balance del Seprona, Flores ha recordado que la Fiscalía General de Medio Ambiente coordina una investigación desde 2011 a instancias de la denuncia que presentó la organización ecologista WWF, que apunta a la posible comisión de infracciones en cinco zonas del entorno de Doñana y su afectación al acuífero 27, que surte de agua al Espacio Natural.
Por su parte, ha recordado que el juzgado de Moguer ha otorgado el cierre cautelar de pozos, pero han sido recurridos, aunque en uno de ellos se acordó el cierre al desestimar el recurso la Audiencia. En este punto, ha señalado que a veces estas cuestiones se dilatan porque los afectados utilizan los recursos judiciales que la ley permite.
«Hay muchos expedientes sancionadores pero aún no se han cerrado muchos pozos porque la resolución última del expediente no está», ha manifestado Flores, que recuerda que «el trabajo es enorme, a todos nos gustaría ser rápidos, pero el volumen no te lo permite».
En estos asuntos, a juicio de Flores, «se han juntado muchas cosas: la regulación jurídica del agua, que es diabólica; los cambios de competencias que han supuesto el trasvase de expedientes que caducaban y la lentitud de algunas causas porque la gente utiliza los mecanismos legales», refiriéndose a los recursos posteriores.
«A nosotros nos interesa que cuando un pozo sea ilegal, se cierre, de tal forma que si tenemos un cierre administrativo, cualquier quebranto debe comunicarse porque entraríamos en desobediencia», ha concluido el fiscal.
