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La Fiscalía General del Estado considera que la extracción ilegal de agua subterránea del acuífero 27 para actividades agrícolas ha generado un «daño grave» al Parque Nacional de Doñana. A esta conclusión llega la entidad tras constatar que entre 2009 y 2012 se ha producido una detracción de agua «ilegal y sistemática».
Así de claro lo expone la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, que explica que la investigación aún sigue su curso pero que, de momento, ha elaborado dos proyectos de querella que afectan a dos grandes fincas, La Borrachuela y Matalagrana, de 150 y 220,27 hectáreas respectivamente.
Estos proyectos de querella se han remitido al fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Huelva, que las ha presentado en el juzgado de instrucción de Palma del Condado.
Para llegar a formular estas querellas antes se ha concluido en los informes periciales que se ha estado usando agua subterránea del acuífero 27 para sus respectivas actividades agrícolas, «sin que conste autorización alguna» por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan, en el periodo de 2009 a 2012.
Esto significa que se ha detraído «ilegal y sistemáticamente» agua de este acuífero y que este hecho ha producido una «alteración» del balance hídrico del mismo.
Además, añade que se ha generado «un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que el mismo alberga y sobre el significado ecológico del lugar, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 325 de Código Penal.
Por su parte, El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha destacado este miércoles el trabajo que realiza la Fiscalía al tiempo que ha recordado la importancia de que se produzca el trasvase de 15 hectómetros cúbicos que demanda el sector para la supervivencia de sus cultivos.
Romero se ha referido a la extracción ilegal de agua subterránea del acuífero 27 para actividades agrícolas que ha generado un «daño grave» al Parque Nacional de Doñana, según considera la Fiscalía General del Estado, la cual ha constatado que entre 2009 y 2012 se ha producido una detracción de agua «ilegal y sistemática».
En este sentido, el delegado ha señalado que «desde hace años» la Fiscalía investiga esta cuestión y, por tanto, ha expresado su respeto por la actuación judicial y los pronunciamientos que se hagan a este respecto.
«Desde la Junta de Andalucía se está trabajando para que la demanda de agua del Condado se solucione», ha enfatizado Romero, que ha señalado las inversiones ejecutadas por parte de la Junta para el trasvase de los cinco hectómetros cúbicos al Condado y el informe favorable emitido por la administración regional para la transferencia de agua de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras hasta la del Guadalquivir, de manera que «se está esperando a que el Ministerio se pronuncie y confeccione la ley que dé coburtuta a ese trasvase y se dé solución a los problemas de esa comarca», ha concluido.
