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La Junta de Andalucía ha adjudicado por cerca de 5,6 millones de millones de euros (5.579.400€) los servicios de conservación de 280 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica de la zona sureste de la provincia de Huelva, con los que se garantiza el mantenimiento durante los próximos tres años de más de una veintena de carreteras que conectan municipios como Palos, Moguer, Valverde del Camino, Lucena del Puerto, La Palma del Condado, Hinojos, Bollullos Par del Condado o Almonte, entre otros.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que con esta adjudicación “reforzamos esa apuesta por la seguridad vial de nuestras carreteras del Gobierno andaluz”. “Estamos convencidos de que invertir en la mejora de nuestras carreteras no sólo mejora la movilidad de los andaluces y ayuda a su economía, sino que, sobre todo, salva vidas, por eso trabajamos para mantener en las condiciones adecuadas la red viaria autonómica”, ha afirmado.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha realizado este proceso de contratación para evitar que se repita la situación vivida a principios de 2019, cuando nada más llegar el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con la mayoría de los contratos de conservación de la red viaria autonómica caducados o a punto de expirar y sin posibilidad alguna de recurrir a una prórroga.
El contrato abarca una veintena de carreteras, entre ellas algunas de gran intensidad de tráfico como la carretera Almonte-Matalascañas (A-483), la parte onubense de carreteras que conectan las provincias de Huelva y Sevilla como la A-472 o la A-474 y otras carreteras autonómicas que conectan varios municipios onubenses con la A-49. Este lote de la provincia de Huelva forma parte de la primera remesa para la renovación de todos los contratos que velan por la vialidad de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica en Andalucía.
Los nuevos contratos tendrán una vigencia de tres años más una posible prórroga de dos años más, con un notable incremento del presupuesto. Los lotes cuentan con dos novedades frente a los anteriores. El primero es que Andalucía incluye ya la revisión ordinaria de precios conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público publicada en mayo del pasado año. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicios, se suma también a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, que venía a atender una petición del sector, que solicitó un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.
Además, se han introducido en estos contratos mejoras en materia laboral, que van a favorecer que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente con garantías a sus obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Al respecto, no sólo se defiende un buen servicio de 24 horas y los 365 días al año, sino también unas condiciones dignas a una plantilla de los servicios de Conservación.
Las labores de conservación son fundamentales para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipología: como reparaciones de firmes, mejoras de arcenes, la limpieza, reposición y colocación de elementos de señalización vertical y balizamiento, el repintado de marcas viales, la reparación de obras de fábrica, la protección o, en su caso, reconstrucción de cunetas o cursos de agua; la reparación y colocación de elementos de defensa o vallas de cerramiento; la mejora de márgenes o estabilización de taludes o el control de vegetación. Por último, se incluyen intervenciones en casos excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de estos equipos.
Los servicios de las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Para ello, las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, de reparación de elementos dañados y de ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación.
