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La proximidad de la campaña agrícola en el Condado de Huelva ha motivado que varios alcaldes de la comarca hayan alertado del peligro sanitario que puede generarse si no se toman las medidas de protección adecuadas. Por un lado, los centros de trabajo constituyen un lugar de riesgo.
Por otro, la imposibilidad de controlar a la población residente en los poblados chabolistas, así como la falta de recursos para hacerle frente al problema, preocupan de cara a la propagación de la enfermedad.
Ante esto, el senador del Partido Socialista, Jesús González, ha afirmado que el gobierno central lanzó durante el confinamiento medidas específicas orientadas a la protección de personas sin techo o en infraviviendas.
«Era de las pocas ocasiones en las que se le mandaba dinero directo a los ayuntamientos», ha explicado González, en referencia a que habitualmente la cesión de fondos a los consistorios pasa por el gobierno autonómico como mediador y redistribuidor. «Se les mandó dinero por parte del gobierno central a los ayuntamientos para que todos los gastos que pudieran derivarse de personas que tuvieran situación de dificultad, o en alojamientos chabolistas, gente sin recursos, gente sin techo al fin y al cabo, para el gasto que supusiera su realojo en zonas comunes, su manutención y cuidado».
De acuerdo con González, «el compromiso de los ayuntamientos» han jugado un papel decisivo en este punto. Afirma que la solución de este problema debe verse a largo plazo.
«El dinero se mantiene, el que se le puede dar a los ayuntamientos para esas situaciones de realojo. Además, no solamente para un momento puntual de realojo, hay que hacer planes, y hace poco aprobamos precisamente en el Senado una moción por la que se instaba a todas las administraciones a hacer un plan específico de rehabilitación del chabolismo», ha recordado.
De acuerdo con el senador socialista, en la erradicación del chabolismo tienen competencia concurrente todas las administraciones, desde el Estado a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autonómas, y aboga por un gran pacto consensuado para evitar estas situaciones.
Afirma que continuará habiendo fondos para este problema y apunta al uso que los ayuntamientos pueden hacer de su superávit para abordar estas cuestiones sociales.
