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Huelva cerró 2020 con 4.918 personas en ERTE, un 26,3% menos del total de trabajadores que se vieron afectados por un expediente de regulación temporal desde el inicio de la pandemia. Desde abril hasta diciembre, 25.392 personas distintas fueron perceptoras de ERTEs en la provincia.
Desde el inicio de la pandemia y hasta diciembre del año pasado, el gasto acumulado en prestaciones sociales ascendió en la provincia a 300.5 millones de euros, de los cuales 60.6 correspondieron al pago de las nóminas de trabajadores que se encuentran o estuvieron en situación de regulación temporal de empleo.
Los ERTEs en Huelva –el pasado 17 de marzo, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-ley cuyo principal objetivo fue evitar despidos exonerando a las empresas del pago de las cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social- registraron un nivel máximo de protección el pasado mes de mayo, con 22.468 trabajadores. Ese mes se alcanzó también la cifra más elevada en prestaciones sociales: el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) registró un gasto por encima de los 37.9 millones de euros, 17.37 de ellos para el pago de expedientes de regulación temporal de empleo.
Durante los meses siguientes, las cifras de trabajadores en ERTE fueron disminuyendo hasta registrar 3.617 en el mes de octubre. Sin embargo, a lo largo de noviembre y diciembre, el número de personas con expedientes de regulación de empleo volvió a subir como consecuencia de las restricciones adoptadas para contener los efectos de la segunda ola de la pandemia causada por el Covid-19.
Así, en noviembre se produjo un aumento de 772 personas en ERTE respecto al mes de octubre y en diciembre hubo que sumar a otros 563 trabajadores más. Diciembre se cerró, por tanto, con 4918 trabajadores en ERTE.
La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Manuela Parralo, ha señalado que esta medida, así como el resto de las que han sido aprobadas desde el pasado mes de marzo, han servido para “amortiguar” los efectos de la crisis causada por el Covid-19. “Estamos viviendo momentos de excepcionalidad y en situaciones como esta, corresponde al Gobierno ofrecer certezas y seguridad”. Parralo ha vuelto a recordar también el “esfuerzo ímprobo” realizado durante los últimos diez meses para tramitar “decenas de miles de expedientes recepcionados”.
