Por 
Cepsa ha reunido a representantes de los distintos grupos políticos y de la sociedad civil con el fin de alcanzar consensos para impulsar la movilidad eléctrica, una solución clave para lograr la descarbonización del transporte, el principal emisor de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.
Actualmente España se encuentra lejos de la media europea, en despliegue de infraestructura y parque de vehículos electrificados, por lo que su impulso es una prioridad ambiental, económica y social.
Entre las propuestas debatidas en este encuentro, que ha reunido a responsables políticos a nivel estatal, autonómico y local, expertos, académicos y emprendedores, destaca la creación de un mapa estatal que identifique una red básica de puntos de carga públicos en carretera y la visibilidad en las distintas apps de los puntos del resto de operadores, similar a la solución que ya existe en Portugal, mediante la que se pueda acceder a toda la información acerca de la disponibilidad y estado de la red.
Según los participantes en este foro, el desarrollo de una red pública de puntos de carga es fundamental para reducir la dependencia de la carga en garajes privados, ya que en España -a diferencia de otros países- el 65% de los vehículos no dispone de esta opción.
Una infraestructura accesible y distribuida equitativamente, similar a la actual en estaciones de servicio para combustibles tradicionales, que garantice la cobertura necesaria en las zonas de mayor tráfico y en áreas rurales, facilitaría en opinión de los expertos la adopción de vehículos eléctricos, facilitando una transición energética justa que llegue al conjunto de la población, evitando desigualdades por ubicación geográfica y nivel de renta.
En la sesión, se propusieron una serie de fórmulas para reducir el precio de los vehículos eléctricos. En primer lugar, reformar el sistema de ayudas volviendo a sistemas como el Plan Renove, pudiendo aplicar el descuento directamente en los concesionarios. Esta fórmula ayudaría a aumentar el beneficio y percepción social de las ayudas.
Por otro lado, se propuso diseñar otros incentivos, como ayudas directas en forma de desgravaciones fiscales o incentivar a las empresas para que impulsen la movilidad sostenible en sus flotas y la de sus trabajadores. También se propusieron soluciones como el leasing social (siguiendo el ejemplo de Francia) o el carsharing de iniciativa pública.
Otro de los grandes consensos a los que se llegó fue la necesidad de agilizar la tramitación y homogeneizar los procesos de autorización entre CCAA y los distintos niveles de la Administración de los puntos de recarga y de concesión de las ayudas a la compra. Los participantes han compartido la importancia de simplificar los trámites administrativos para la instalación de puntos de recarga, coincidiendo en que la creación de una ventanilla única es esencial para unificar y agilizar los procesos.
Esta medida permitiría una mayor eficiencia y transparencia en los trámites, facilitando la inversión en infraestructura de recarga y eliminando las barreras burocráticas que actualmente ralentizan el despliegue de puntos de recarga hasta dos años, cuando el tiempo de construcción es de dos semanas. Asimismo, se trasladó la necesidad de simplificar los trámites administrativos para acelerar la tramitación del refuerzo de capacidad de la red eléctrica en aquellos puntos donde se proyecta una mayor demanda y se destacó la necesidad de incluir la infraestructura de recarga en los planes generales de ordenación urbana y considerarlos bienes de interés general o utilidad pública. También se planteó la creación de un centro de asistencia digital único, accesible para todas las empresas promotoras de puntos de recarga que dé visibilidad sobre los procesos administrativos.
