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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente que establece un marco de coordinación en Andalucía entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, las entidades locales y Cruz Roja Española, para la puesta en marcha durante el año 2024 del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa BÁSICO), conocido como programa tarjetas monedero.
Así, la comunidad autónoma ha asignado los 18,9 millones de euros del programa que gestiona Cruz Roja a los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Andalucía -un total de 95 entidades locales-. Cruz Roja, que ejecuta este programa con la subvención directa que le ha otorgado el Gobierno de España, efectuará la entrega de las tarjetas a las familias con menores que cumplan los requisitos, previamente valoradas y derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios. La consejería realizará el seguimiento de la ejecución del programa con la información que le remitan las entidades locales y Cruz Roja.
De este modo, la provisión de alimentos se realizará mediante este sistema de tarjetas recargables que podrán ser utilizadas por las familias con menores hasta agotar el saldo correspondiente o, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2025. La recarga de las tarjetas se efectuará con una periodicidad máxima de tres meses. La última fecha de recarga no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2024. La cuantía que percibirán las unidades familiares beneficiarias del programa será el resultado de multiplicar la cuantía mensual, en función de las personas que componen la familia, por el número de meses comprendidos desde el mes de la derivación, incluido éste, hasta diciembre de este año.
En concreto, el programa establece que la cuantía mensual para una unidad familiar de dos personas es de 130 euros, de 160 para tres personas, de 190 para cuatro y 220 euros para cinco o más. Además, las personas beneficiarias tienen derecho a medidas de acompañamiento enmarcadas dentro de un itinerario personalizado para su inclusión social.
