Por Izquierda Unida defenderá en el próximo pleno de la Diputación Provincial una iniciativa en la que se pide a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que ponga en marcha las medidas necesarias para posibilitar al colectivo de monitores educativos que han ejercido tareas de apoyo en las secretarías de los centros educativos públicos, poder acceder al proceso de selección pública de estos puestos.
Los monitores de apoyo administrativo son en torno a 840 trabajadores, en su gran mayoría mujeres, del denominado Servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Económica y Académica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de los cuales 39 trabajaban en centros educativos en la provincia de Huelva donde realizaban tareas de gestión administrativa y académica desde 2006 por cuenta de empresas subcontratadas por el ente andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Consejería de Educación.
Las condiciones laborales de los trabajadores han sido de gran precariedad, con salarios de menos de 5 euros la hora, impagos, inestabilidad y vulneración de derechos que obligaron a los trabajadores a movilizarse cuando empezaron a no cobrar de su empresa subcontratada, STI, en las provincias de Cádiz y Córdoba.
En este proceso, la Consejería de Educación decidió finalmente que cuando terminaran los contratos con las diferentes empresas, en el pasado mes de noviembre, estos no serían renovados y que el personal que fuera a asumir estos puestos a partir de ahora se contrataría desde la Función Pública. Ante esta situación, Izquierda Unida, tras mantener reuniones con integrantes de este colectivo, se comprometió a ayudarles a encontrar una solución para que puedan participar en el proceso público de selección que se va a realizar a través del Servicio Andaluz de Empleo, cumpliendo con los requisitos que se determinen para ello.
Además, Izquierda Unida expresa su oposición a los procesos de privatización, con toda la problemática que conllevan, que se producen en torno al ISE, apostando como alternativa por el rescate de los servicios externalizados.
Por otra parte, Izquierda Unida defenderá otra iniciática en la que se pide la creación de fondos de solidaridad, tanto en la Diputación como en los ayuntamientos, para atender las necesidades de las familias que se encuentran en situación de pobreza energética. Para ello, Izquierda Unida pide que la Diputación, en coordinación con los ayuntamientos, se dirija a las compañías eléctricas para recabar los datos relativos a los cortes de luz que se hayan realizado por impago durante el pasado año, con el fin de elaborar un censo de las familias que no tienen actualmente garantías de tener cubierto el acceso a un suministro energético básico. De este modo, los servicios sociales de la propia Diputación podrán encargarse de coordinar el acceso a las familias afectadas de las ayudas para luchar contra la pobreza energética en la provincia de Huelva.
Por último, Izquierda Unida llevará su oposición frontal a la reforma de la Ley del Aborto que pretende ejecutar el gobierno del PP, con una iniciativa en la que se pide que se reconozca el derecho a una maternidad libremente decidida y se rechacen las reaccionaras injerencias en los derechos sexuales y reproductivos que supone la contrarreforma del ministro Gallardón.
