Por La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva ha diseñado, a través de su centro de orientación y valoración, una guía dirigida a facilitar a los profesionales de los servicios sociales comunitarios los procedimientos de tramitación de las prestaciones que la Junta de Andalucía pone a disposición de las personas con discapacidad, y mejorar así la calidad de la asistencia que se presta a la población.
En concreto, durante el año pasado, el centro de valoración y orientación de Huelva atendió un total de 4.645 solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en una persona, de las que 2.411 fueron nuevos expedientes y 2.234 correspondieron a revisiones para su actualización en población que ya la tenía reconocida con anterioridad. También se han expedido 874 nuevas tarjetas de aparcamiento, que en total en vigor ascienden a 4.262, ha informado la Junta en una nota de prensa.
Con el objetivo de dar a conocer este instrumento informativo y reforzar además su coordinación con los servicios sociales de carácter municipal y provincial, el centro de valoración y orientación dependiente de la administración autonómica en Huelva ha celebrado en las últimas semanas una serie de jornadas destinadas a los técnicos que desarrollan su actividad en el área de trabajo social.
El centro de valoración y orientación, del que existen nueve en Andalucía, uno en cada capital de provincia y otro más en Algeciras, es el organismo de la Junta encargado de gestionar el reconocimiento del grado de discapacidad de un ciudadano, elaborar las resoluciones para poder recibir una pensión no contributiva por este motivo, expedir las tarjetas de aparcamiento a personas con movilidad reducida y emitir los certificados de aptitud laboral para el acceso al empleo público, entre otras actividades principales.
Durante las jornadas, que ya se han organizado en las localidades de Almonte, Minas de Riotinto, Lepe y Cortegana como puntos estratégicos de cada comarca, a las que se suman dos más en la capital, la primera de la cuales tuvo lugar este martes y la otra está prevista para la próxima semana, se profundiza, entre otros contenidos incluidos en la guía, en el funcionamiento y estructura del centro; sus competencias; la descripción de la discapacidad y qué situaciones se consideran como tal y cuáles no; los procesos de valoración, certificación y reconocimiento de la minusvalía; entre otras cosas.
También se aprovechan los encuentros para resolver todas las dudas que planteen los asistentes, así como establecer mecanismos de apoyo, colaboración y coordinación entre la red completa de profesionales que centran su labor en la mejora de la calidad de vida, el fomento de la igualdad de oportunidades y la garantía de la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la población con discapacidad.
En la actualidad un total de 36.260 personas tiene reconocida oficialmente la discapacidad en la provincia onubense al presentar un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración.
El apoyo e integración social de las personas que padezcan alguna discapacidad es una de las principales prioridades de la Junta de Andalucía, tal y como pone de relieve que en los últimos años haya apostado firmemente por que la dimensión de la discapacidad esté presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobierno.
Los centros de valoración y orientación juegan, en este sentido, un papel fundamental, al ser la puerta de entrada de los ciudadanos a los recursos sociales existentes, además de ocuparse de ofrecer información y asesoramiento a este sector poblacional.
En una «nueva muestra de su compromiso» con el objetivo, la Junta también está ultimando la aprobación de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que promueve una mayor visibilidad y protagonismo de estos ciudadanos, impulsando su autodeterminación, capacitación y empoderamiento, así como el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada.
Con ella Andalucía se vuelve a situar una vez más «a la vanguardia» en el conjunto del Estado español en la adopción de políticas sociales y de protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
