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La Junta de Andalucía ha hecho una valoración provisional del daño causado por los movimientos de tierra en el yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden, que ha superado los 300.000 euros.
Para hacer esta estimación, la Consejería de Cultura ha analizado el coste de actuaciones preventivas por un lado, y la pérdida documental del patrimonio arqueológico destruido, por el otro.
Por un lado, constata que se han realizado importantes movimientos de tierras -con rebaja del terreno de hasta cinco metros- en las cuatro parcelas, en las que se aprecian estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras. No obstante, en la misma, la intervención realizada en los años 2007-2008 permitió constar la existencia en el lugar de diversas necrópolis que se remontan hasta 5.000 años de antigüedad.
Del mismo modo, el informe precisa que dichos movimientos «carecen de la autorización previa y preceptiva» de la Consejería de Cultura y han supuesto «la pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable así como de daños en bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz».
Por la Delegación Territorial de Cultura, y en el ejercicio de sus competencias, se acordó el pasado 18 de enero, como medida cautelar, la paralización de los movimientos de tierras en las parcelas afectadas y la apertura del tramite de actuaciones previas por posibles infracciones graves de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, dando cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente al considerar indicios delictivos en los hechos.
El pasado viernes el equipo de investigación del Seprona también se desplazó a la Fiscalía para dar cuenta del estado y avances de la investigación en relación con la cronología y autoría de los hechos, recibiendo instrucciones verbales para su continuación. Falta aún la toma de declaraciones de más personas presuntamente relacionadas con los hechos.
Son tres las denuncias presentadas: la primera por parte del arqueólogo Diego González, la segunda la elevaron IU y Participa Huelva, y la tercera ha sido interpuesta por la Asociación de Arqueólogos de la Provincia de Huelva (Apaphu).
Desde la Junta de Andalucía se negó ayer que exista descoordinación entre la Delegación Territorial de Cultura y el Ayuntamiento de Huelva, que, aseguran, «trabajan en este asunto de manera coordinada». En un comunicado remitido a Huelva Información por la Delegación Provincial de la Junta se afirma que desde «el primer momento que se tuvo conocimiento» de la entrada de maquinaria en las parcelas del Seminario, «las dos instituciones han trabajado conjuntamente para conocer el alcance de los destrozos realizados en el yacimiento y saber quién es el responsable». Y aclara, igualmente, que «en ningún momento ha habido dejación de funciones por parte de ninguna de las administraciones implicadas».
En el caso de Cultura, desde la Junta se insiste en que «comenzó a actuar tras tener conocimiento de la denuncia presentada ante el Seprona de la Guardia Civil y el requerimiento a la Delegación de un informe por parte del Instituto Armado». La denuncia se producía el día 12, pero la petición de paralización de los movimientos de tierra se demoraría hasta el 18, según la información aportada a Europa Press (dos días después de que Huelva Información publicase la denuncia). «Previamente -recalca- no constaba que se hubiese producido alteración alguna en los restos de La Orden-Seminario».
«Cultura informó de manera inmediata al Consistorio capitalino y, de forma coordinada, cada uno en el ámbito de sus competencias, iniciaron los procedimientos normativos para llegar a aclarar los hechos», explica el comunicado que subraya el hecho de que «hasta la fecha, el trabajo realizado ha ido siempre de la mano de las dos administraciones». Sobre la adopción de las medidas cautelares, añade, «se ha informado convenientemente» al Ayuntamiento.
