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La Junta y el Gobierno central han alcanzado, dentro de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, un acuerdo definitivo sobre el Decreto Ley de Simplificación Administrativa aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero.
De esta manera, el Decreto Ley está totalmente convalidado por el Ejecutivo nacional, evitándose así que pueda presentarse un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.
En concreto, ambas administraciones dan por resueltas las discrepancias que mantenía en torno al artículo 5 del Decreto Ley 5/2024, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 21 de mayo, por el que se daba cumplimiento a los acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral.
El acuerdo considera que el artículo 5, que en sus apartados 5 y 6 modifica respectivamente los artículos 148.2.a) y 157.2.b) del Decreto Ley 3/2024, de 6 de febrero, se interpretará y aplicará en el ejercicio de las potestades normativas y administrativas de la Junta de Andalucía, en el sentido de considerar que los informes a los que se refieren los indicados preceptos podrán ser suscritos por el profesional de enfermería siempre y cuando estén basados en los informes de los especialistas responsables del paciente y de acuerdo con las competencias que correspondan a cada uno de ellos.
Se trata de la convalidación de la modificación que ya había realizado la Junta de Andalucía ante el error detectado en el Decreto Ley de Simplificación Administrativa que fijaba el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones a la dependencia, limitando la firma de los informes sobre las condiciones de salud de los solicitantes únicamente al personal médico, excluyendo a las enfermeras y enfermeros del sistema sanitario andaluz. Error que fue subsanado mediante la corrección de errores publicada en BOJA el 22 de abril de 2024.
El Decreto Ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía es el tercero de los pilares sobre los que se sustenta el Plan Andalucía Simplifica, denominado Plan AS, el paquete de medidas para luchar contra el exceso de burocracia que el Gobierno andaluz ha empezado a poner en marcha.
La norma recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.
El Plan AS es el mayor paquete de simplificación que ha abordado nunca una administración en España y en él se engloban todas las medidas pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, además de para facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía.
