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La Autoridad Portuaria de Huelva ha señalado este lunes que ha mantenido un diálogo “constante” con el sector de los exportadores de pescados y mariscos, a fin de establecer “las mejores condiciones” para la implantación de las empresas en las nuevas instalaciones de la Ciudad del Marisco y ha subrayado que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma hasta finales del mes de septiembre.
Así lo ha indicado en un comunicado de prensa, en relación con las manifestaciones hechas públicas este lunes por la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva.
De este modo, desde el Puerto han detallado que las autorizaciones administrativas de la que han disfrutado en los módulos situados en el Muelle de Levante tienen su origen hace décadas con legislaciones distintas a la vigente, y con “instalaciones obsoletas para el desarrollo de su actividad”.
Por esta razón, han incidido en que los títulos administrativos se extinguieron el pasado 31 de diciembre de 2019 y se abrió un plazo “amplio” para el desalojo de instalaciones.
En este contexto, han remarcado que “aunque no es función de la Autoridad Portuaria buscar alternativas a esta actividad”, dentro de su “compromiso” de apoyo al tejido empresarial de Huelva, ha ejecutado el proyecto de la Ciudad del Marisco, “dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual, donde podrán optar por ubicarse las empresas que lo decidan”.
En este sentido, ha subrayado que se ha mantenido un diálogo “constante” con el sector, a fin de establecer “las mejores condiciones funcionales y económicas para la implantación de las empresas que así lo deseasen en estas nuevas instalaciones”.
De esta forma, ha señalado que se ha ajustado al mínimo legal el importe de las tasas, resultando un importe de 580 euros mensuales por un local de 150 m2 y que los locales se encuentran sin equipamiento “para que cada empresario pueda adaptarlo a su actividad concreta, así como para abaratar al máximo el coste a repercutir en las mencionadas tasas”.
La Autoridad Portuaria ha reseñado que lleva meses instando a los empresarios a tramitar la concesión de los módulos en la Ciudad del Marisco a fin de facilitar la ubicación de aquellos que quieran implantarse en las nuevas instalaciones.
En este contexto, han apuntado que “el retraso en formalizar estas solicitudes ha hecho que los plazos sean muy estrictos, si bien hay que tener en cuenta que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, contándose en estos momentos hasta finales del mes de septiembre”.
Por último, desde el Puerto han destacado que “ninguna de las resoluciones de la Autoridad Portuaria ha sido recurrida por los empresarios, que pretenden una indemnización por la extinción de un título al término de su vencimiento natural y por obsolescencia de las instalaciones, y en una situación ante la que, en ningún caso, la APH fuerza, obliga, ni insta a traslado alguno de los empresarios”.
