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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha concluido la redacción del proyecto de seguridad vial de la carretera A-495 en el tramo comprendido entre Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa, en la provincia de Huelva. La consejera Marifrán Carazo ha destacado en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía que se está avanzando en la tramitación de una actuación de conservación que “resuelva los problemas del tramo comprendido entre Tharsis y Santa Bárbara, que está especialmente deteriorado” desde hace muchos años.
Marifrán Carazo ha recordado que en anteriores legislaturas no se había afrontado una reparación integral de la carretera, sino “sólo correcciones de deteriores severos de la vía en tramos puntuales”. “Estos trabajos paliativos no han conseguido restituir un adecuado nivel de la carretera”, ha recordado.
La solución adoptada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sido la redacción de un proyecto de actuación de seguridad vial, que se concluyó en los primeros meses de este año, para que en cuanto sea posible se pueda iniciar la licitación de las obras entre Cabezas Rubias y Santa Bárbara.
La A-495, con una longitud de 84,17 kilómetros, pertenece a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y constituye el soporte de las comunicaciones de medio y largo recorrido entre Gibraleón (N-431) y Rosal de la Frontera (N-433). Pasa por los núcleos urbanos de San Bartolomé de la Torre, Alosno, Tharsis, Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa.
Tramo Alosno-San Bartolomé de la Torre
Además, la consejera ha informado en la comisión parlamentaria sobre la actuación sobre 12 kilómetros para mejorar la A-495 en el tramo entre San Bartolomé de la Torre y Alosno. La inversión de 11,7 millones de euros estaba incluida entre las 44 actuaciones recogidas en el Plan MAS CERCA en la provincia de Huelva, “otro fracaso de la gestión socialista”, ha denunciado la consejera tras explicar que fueron los gobiernos del PSOE los que paralizaron esta actuación y ahora “nos toca enmendarlo, porque los usuarios de esta vía no tienen la culpa de sus desmanes”.
La consejera ha añadido que el pasado 10 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó la resolución del contrato vigente del acondicionamiento de este tramo de carretera. Después de años sin retomarse la actuación, la Agencia de Obra Pública ha procedido a la resolución del contrato con la obligación de pagar al contratista de 530.000 euros: 470.000 euros por obra paralizada pendiente de ejecutar; 33.000 euros por gastos de mantenimiento de avales y 27.000 euros por gastos incurridos. “Sin este paso previo resulta inviable realizar ninguna actuación en la carretera, pues caeríamos en una ilegalidad”, ha advertido la consejera.
