La Comisión de Competencia Desleal de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha pedido a las administraciones “más celeridad” para combatir la economía sumergida, que supone el 26 por ciento del PIB provincial, lo que implica una estimación de unos 2.500 millones en 2016.
Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press el presidente de esta comisión, Miguel Ángel Pérez de Diego, quien ha hecho hincapié en la necesidad de “unos servicios de inspección en las administraciones que trabajen con mayor celeridad”.
Ha explicado que hay sectores en los que esta competencia desleal se lleva a cabo de forma continuada en el mismo espacio al estar ubicado en un establecimiento, mientras que hay otros casos, en los que la actividad ilegal se desarrolla en un periodo corto de tiempo y además es una actividad ambulante como es el caso de los instaladores de aires acondicionados, por ejemplo.
Pérez de Diego ha recordado que esta comisión que preside se constituyó el pasado año en el seno de la Federación Onubense de Empresarios ante “el elevado número de casos de competencia desleal” y que originó la búsqueda de un mecanismo de canalización de todas estas denuncias.
En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de concienciar a la ciudadanía de que “no sea partícipe de esto” puesto que esto repercute después en la calidad de los servicios públicos, al tiempo que ha demandado a la administración regional que ponga en marcha los mecanismos para identificar estos negocios y ponerle freno a la competencia desleal.
En concreto, desde esta comisión se presentan las denuncias de todos aquellos casos en los que se esté ejerciendo una actividad que genere economía sumergida, economía colaborativa y/o competencia desleal, y además, procuran hacer un seguimiento de las denuncias presentadas por la propia comisión o por las asociaciones sectoriales o locales de la Federación Onubense de Empresarios.
Convencido de la necesidad de luchar para evitar el desarrollo de cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo sin cumplir con los requisitos legales y administrativos necesarios para ello, Pérez de Diego ha recalcado que desgraciadamente es “una lacra que no deja a ningún sector indiferente”. No obstante, ha señalado los talleres de reparación de automóviles, los instaladores de todos los sectores, la construcción, la venta de pan, el sector del toldo, el comercio, el cual es “fácil de detectar la venta ambulante y las falsificaciones”, etc.
En cuanto al número de denuncias por establecimiento, a lo largo del pasado año presentaron unas 115, la mayoría de ellas (60) del sector de talleres, 18 de chatarrerías, diez del comercio y seis del sector de limpieza, principalmente.
“Las denuncias varían en función de las irregularidades, pues una empresa puede cumplir con sus obligaciones tributarias y eludir sus obligaciones con medio ambiente o Seguridad Social, por lo tanto somos muy escrupulosos a la hora de poner estas denuncias”, ha remarcado.
No obstante, la mayoría de ellas van dirigidas a ayuntamientos, Seguridad Social, Delegación de Economía, Medio Ambiente, y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía y Seprona cuando se trata de irregularidades en materia medioambiental.
Finalmente, ha recordado que la labor de esta comisión es la de ser “transmitir la información” que conocen a las administraciones competentes, por lo que es una satisfacción cuando reciben informes del resultado de las actuaciones, que en muchos casos “culmina con un acta de sanción y la regularización de la actividad”. En otros casos, la actividad inspectora no puede culminar al encontrase las puertas del establecimiento cerrado o que el trabajo ya ha sido realizado, ha lamentado.