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La FOE se ha reunido con el Servicio Provincial de Costa en Huelva para pedir protección para los establecimientos ubicados en las playas naturales, ya que la ley impone limitaciones que dificultan la viabilidad de estas actividades hosteleras.
La FOE se ha reunido con el Servicio Provincial de Costa en Huelva para pedir protección para los establecimientos ubicados en las playas naturales.
Tras esta cita, los empresarios tienen previsto hacer lo propio con la Junta de Andalucía, para lo que solicitarán una reunión con los responsables del departamento correspondiente.
Desde la FOE se reclama «que se tomen en consideración como playas urbanas a zonas que están definidas por la Ley como naturales y proteger así a los chiringuitos allí establecidos». En esta línea, en la citada reunión en Madrid con responsables de la Administración central, «se aclaró que la costa de Huelva tiene una singularidad que la distingue del resto del litoral español y así hay que tenerlo en consideración».
Las consecuencias para los chiringuitos que se encuentran en las playas naturales «son muy perjudiciales con respecto a las urbanas», apuntan desde la FOE, por cuanto se les limita su superficie a 70 metros cuadrados como máximo, requieren de una concesión administrativa y además se les obliga a que sean desmontables una vez terminada la época estival.
Por poner ejemplos ilustrativos, en Punta Umbría se considera playa natural la que abarca desde el hotel Barceló al principio de El Portil, cuando precisamente en época estival esa zona puede llegar a tener más afluencia de personas que cualquier playa considerada como urbana.
Dado que la Junta de Andalucía es la que tiene la potestad de determinar el rango de playa urbana o natural, la FOE y el Consejo Empresarial de Chiringuitos tiene previsto a su vuelta de Madrid contactar con la Administración autonómica de manera que sea sensible con esa catalogación en la costa de Huelva y sea consecuente con esas singularidades que de forma predominante se dan en la costa de Huelva.
Los empresarios confían en que la Junta de Andalucía sea receptiva con los concesionarios de los chiringuitos afectados y puedan amoldar la normativa a esas características, «de forma que no se les obligue a cerrar sus negocios -dejando a los ciudadanos sin servicio- o a hacer cuantiosas inversiones imposibles de amortizar en estos tiempos que estamos atravesando». Se trata, en definitiva, de establecer entre todos un modelo de ordenación que no sólo suponga, según García-Palacios, «una garantía para el medio ambiente sino que permita satisfacer reivindicaciones históricas del sector tales como proporcionarles mayor estabilidad para un mejor aprovechamiento económico, aspecto fundamental teniendo en cuenta la coyuntura de crisis económica actual», subrayó el representante de los empresarios onubenses.
