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Julio Díaz, dirigente de Cs y miembro, en representación del Parlamento, de la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctypda), ha destacado que «el Gobierno del cambio ha terminado con una anomalía que suponía el bloqueo de la Ley de Transparencia Pública en Andalucía», en tanto que «el anterior gobierno socialista había bloqueado» que el Ctypda asumiera, de manera certera, las competencias que se asumen en el control de los datos de carácter personal.
Díaz también ha explicado que «los agentes económicos y sociales, así como el resto de administraciones, las universidades y los colegios profesionales habían expresado la importancia de que se diera este paso» puesto que, a partir de ahora, «estarán amparadas por la autoridad del Consejo, independiente e imparcial, garante del derecho de transparencia», según ha informado la formación naranja en un comunicado de prensa.
En lo que se refiere a su opinión, la «necesaria asunción» de la protección de datos de carácter personal por parte del Ctypda es, según él, una «buena noticia para los empresarios y la generación de actividad económica, así como para el normal funcionamiento de las administraciones».
El parlamentario además, ha explicado que era una «anomalía» que, una vez que ya estaba aprobado el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto de Autonomía, «se estuviera soslayando por la inactividad manifiesta de los gobiernos socialistas», así como que, una vez aprobada la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, estas competencias, que hasta ahora tenía la Agencia Estatal, no hubieran sido asumidas ya por este órgano, como su director, Manuel Medina había expresado «con claridad y rotundidad en sede parlamentaria en varias ocasiones». «Con esta decisión del Gobierno andaluz, se termina con una larga espera y se agilizará la gestión de miles de expedientes en los próximos años», ha detallado Díaz, para quien «sólo falta que la Consejería de Hacienda dote de más fortaleza, en su relación de puestos de trabajo», a este órgano para que «pueda ejercer con todas las garantías como autoridad pública e independiente todas las competencia que la Ley determina».
