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Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha culminado pasadas las 14:00 horas de este viernes el registro iniciado poco antes de las 8:00 horas de esta jornada en la sede la Diputación de Huelva, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.
Sobre esa hora, los agentes salían por la puerta trasera del ente provincial portando cajas en las manos con los documentos requisados.
Durante el mismo, según ha informado en declaraciones a los periodistas el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación onubense, los agentes han investigando expedientes en el departamento relacionado con la gestión del PFEA, Intervención y Personal, y ha insistido en que «por el momento no han habido detenciones ni se espera que las haya».
Al respecto, Martín ha mostrado, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, «máxima colaboración» con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para facilitar toda la documentación que se requiera, y ha remarcado que la Diputación «ha realizado todo el trabajo conforme a norma y de una manera pulcra».
Martín ha precisado que esta mañana se han vivido «momentos de cierta tensión», lo que le ha parecido «tal vez un exceso porque Diputación como institución jamás va a tener ninguna dificultad a la hora de poner a disposición cualquier documentación», no obstante asegura que «a quien le toca valorar esto es al juez».
A su vez, preguntado por si han registrado los agentes de la Policía Judicial expedientes de otros municipios, Martín ha precisado que, «en todo caso, se estará llevando a cabo una especie de test para ver el procedimiento no porque haya ninguna sospecha de irregularidades concretas».
Por su parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado este viernes entradas y registro en la sede de la Diputación y en la del Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.
La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el citado municipio onubense.
La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.
Los registros llevados a cabo este viernes tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.
