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A lo largo de dos años, desde marzo de 2013, la UCOMA de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha venido trabajando en la denominada “OPERACIÓN FRESÓN”, que ha culminado con un total de 28 personas detenidas o imputadas, la realización de 6 registros en diferentes empresas y domicilios, y la incautación de gran cantidad de productos fitosanitarios de todo tipo, especialmente de carácter prohibido o cuyo comercio se materializa sin respetar derechos de propiedad, todo ello en una cantidad superior a 10.000 kilos de sustancias diversas.
A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados cubrían una amplia gama de actividades relacionadas con los fitosanitarios. Su campo de actuación abarcaba desde la importación de productos prohibidos, generalmente principios activos para su formulación posterior, hasta la comercialización de elaborados contraviniendo la normativa reguladora de la propiedad industrial.
Utilidad de los fitosanitarios
Estos productos son aplicados en el campo para el tratamiento de enfermedades de los vegetales y para combatir plagas de parásitos. Su uso exige estrictas medidas de seguridad, tanto en la aplicación, debiendo estar en posesión del Carné de Manipulador, como en los tiempos de seguridad, que implican la prohibición de comercializar los productos agrarios en determinados plazos desde su aplicación.
Al no respetar las condiciones legales de fabricación o aplicación se pueden generar, entre otros, importantes perjuicios para el medio ambiente, por el riesgo de contaminación de los suelos de cultivo.
En este sentido hay que tener en cuenta que el riesgo deriva, tanto de la aplicación de productos que explícitamente están prohibidos, como de otros que, aún siendo sustancias autorizadas, están formulados con proporciones no evaluadas, por lo que pueden alterar el equilibrio químico de los suelos de cultivo.
Desarrollo de la Operación
En marzo de 2013 la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva detecta la posible comercialización de un producto presentado como abono, pero cuya condición real era la de fitosanitario. Se toman las muestras pertinentes, que resultan positivas en contenido de sustancias fitosanitarias activas. A raíz de ello, se realizan las primeras gestiones operativas, que confirman actividad en otras dos provincias, por lo que se solicita el apoyo de la UCOMA.
A partir de ese momento se inicia la Operación “FRESÓN”, la cual lleva a diversas acciones policiales en Almería, Barcelona, Murcia, Tarragona y Valencia. Por otra parte, a lo largo de la investigación se produjo una acción paralela por parte del SEPRONA de Badajoz que enlazó parcialmente ambos casos, al constatarse que el fabricante de los productos que poseían los detenidos pacenses se correspondía con la empresa investigada en Valencia como consecuencia del caso iniciado en Huelva.
La fábrica, una empresa valenciana de carácter familiar, movía miles de kilos de producto ilegal cada temporada con beneficios por cada litro de entre 3 y 10 euros. Entre sus clientes tenía una importante comercial tarraconense que, además de presentar similar importancia en cuanto al volumen de mercancía que manejaba, destaca por su implicación en la venta de productos ilegales que son utilizados en el Delta del Ebro para combatir la plaga del caracol manzana.
El operativo final de explotación se ha desarrollado de forma simultánea, en una primera fase, en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia y Almería, en las que se practicaron las detenciones de las 12 personas con mayor grado de implicación y los registros. La fase posterior ha supuesto la imputación de otras 16 personas en las provincias de Huelva, Murcia y Alicante.
En la operación, gracias a la especial preparación y experiencia del personal del SEPRONA, se ha podido acreditar la línea completa de la actividad ilegal, desde el momento de la elaboración en Asia y la búsqueda de esas vías de contacto para proceder a la importación, hasta la posterior formulación y distribución en nuestro país.
En total se han puesto a disposición de las Autoridades Judiciales un total de 28 personas, a las que se les imputan delitos de Contrabando, Contra la Salud Pública, Contra el Medio Ambiente, Contra la Propiedad Industrial, de Estafa y otros contra los Derechos de los Consumidores, con evidentes acciones de Blanqueo de Capital y otras acciones ilegales de naturaleza económica.
