Por 
El pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) aprobó en la última sesión por unanimidad el texto único refundido del documento de innovación de planeamiento número 9 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte, en cumplimiento de la resolución emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU), en sesión celebrada el pasado 27 de diciembre. Según recordó el alcalde, José Antonio se trataba de un compromiso electoral -ahora cumplido- ‘con centenares de familias almonteñas que no duermen tranquilas desde hace años’.
Efectivamente, cientos de vecinos pueden respirar aliviados después del acuerdo ratificado por el Ayuntamiento de Almonte en su sesión de enero, referente a las durísimas sanciones notificadas por el PSOE desde 2008 a causa de las construcciones ilegales en suelo rústico. Se les aplicaba hasta un 300 % del valor de lo edificado, tras la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En él, se consideraba erróneamente todo el suelo de especial protección, al mismo nivel del Espacio Natural de Doñana.
Ahora, la Comisión Provincial ha aprobado la enmienda presentada por el actual equipo de gobierno del PP, que tuvo que elaborar este trabajo desde el principio y acelerar durante el último año para obtener las aprobaciones inicial, provisional y ahora definitiva de la innovación. Por ello, Domínguez Iglesias elogió ‘el esfuerzo de los técnicos’, y mostró su contento ‘por la solución dada los vecinos afectados’.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Fátima Pérez (PP), trasladó que ‘desde el Partido Popular, estamos muy satisfechos con la labor realizada. Sobre todo, pensando en los vecinos, que ya pueden respirar tranquilos porque les hemos hecho justicia’. Alguna sanción alcanzaba los 205.000 euros. Continuó, ‘hemos aplicado ya la innovación a 120 expedientes y vamos a seguir revisándolos todos, al contrario que ustedes, que incluíais en el presupuesto anual partidas de 6 millones de euros en concepto de sanciones para engordar las cuentas y poder gastar’, aseveró.
Según los datos aportados y referidos a 100 expedientes, se ha pasado de un montante total de 2,7 millones de euros en concepto de sanciones aplicadas por el PSOE, a solo 364.000 euros, tras la revisión efectuada por el área ahora dirigida por el Partido Popular. Pérez presentó el texto elaborado por los técnicos municipales que subsana las deficiencias detectadas, tanto por su departamento como por la Oficina de Ordenación del Territorio, perteneciente a la Delegación Territorial de la Consejería.
Origen del problema
Según explicó la concejala popular, el inicio del problema se sitúa ‘con un PGOU aprobado por el PSOE en 2008, que calificaba el suelo rústico de especial protección, lo que ocasionó un enorme perjuicio a un gran número de familias de la localidad. Las sanciones por construcciones ilegales puestas hasta la fecha pasaron entonces de un 75 por ciento del valor de lo construido a un máximo del 300 por ciento’.
A esta decisión, siguió –en el relato de Fátima Pérez- otra polémica decisión del equipo de gobierno socialista: ‘una barrida por el campo para sancionar a más ciudadanos, teniendo en cuenta además el color político’.
