La Junta de Andalucía, a través de su Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal ha asegurado esta mañana que «a mediados de mes» se reunirá «por primera vez» la comisión de seguimiento del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.
Fiscal también ha recordado la intención de «implementar» este plan, con un periodo estipulado para su cumplimiento de unos 15 años.
Cuestionado por la postura de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que anunció que acudirá a los juzgados para que se dé una solución a la problemática de los regadíos en la comarca por la falta de agua, así como pidieron que se atienda a las demandas de los agricultores cuyas hectáreas pudieran quedar fuera del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, el consejero ha explicado que la Junta respeta cualquier acción que se interponga por la vía judicial, pero ha subrayado que la postura de la administración regional es «clara» ya que hace un año que se aprobó el plan de ordenación de los regadíos de la Corona Forestal de Doñana, el cual «vamos a implantar en breve».
A su juicio, «este plan viene a dar seguridad a la inmensa mayoría del entorno de Doñana y a dar garantías a los compradores en Europa de los productos de los agricultores, que cada vez exigen más que vengan de espacios regulados desde el punto de vista del territorio, del agua y de los trabajadores».
Según ha agregado el consejero, este plan «viene a dar esa seguridad a la inmensa mayoría de los agricultores del entorno», de manera que ha expresado su respeto por los que opten por la vía judicial, pero ha incidido en que «la norma está para cumplirla».
De este modo, preguntado por la solicitud de la Plataforma de que sean incluidos regantes cuyas explotaciones quedaron excluidas del plan, Fiscal ha recordado que «la casuística es grande». «Se está viendo hectárea por hectárea», pero «el plan, sin que a nadie le pareciera el mejor, supone el mejor de los planes» como manifestaron los conservacionistas, los agricultores, los ayuntamientos y se «aceptó» como el término medio. «Ahí se incluía esa cuestión ya que hay determinadas explotaciones que no podrán ser reguladas», ha añadido.
Por tanto, respecto a si hay alguna posibilidad de que alguna explotación que ahora está excluida se regule, ha precisado que si ha habido algún error sí, pero «el plan se hizo para ver qué se ajustaba a la norma y qué no, y se adoptó la fecha de 2004 en su tiempo y a eso nos ajustamos». No obstante, ha puntualizado que, si alguien por algún error, por ejemplo cartográfico, ha quedado excluido se puede contemplar la inclusión, ya que «para eso se crea la comisión».