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El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado, durante la inauguración de la reforma integral del centro de salud de El Saucejo (Sevilla), que el próximo miércoles, 11 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2026-2028 que, ha dicho, «va a permitir poner en marcha medidas para proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, frente a las nuevas formas de comercio, muy relacionadas con la tecnología y la venta online y que representa nuevos retos a los que debemos dar respuesta».
El plan, que cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros, ha adelantado el consejero, pondrá en marcha a finales del mes de abril la Hoja Electrónica de Quejas y Reclamaciones (Hoj@), la digitalización de los procesos de información, sistema de arbitraje e inspecciones de consumo, la elaboración de la primera Carta de Derechos de las personas consumidoras que incluye la perspectiva de género o la creación de guías específicas para personas mayores consumidoras y para jóvenes.
Antonio Sanz ha incidido en que en los diferentes proyectos del plan «tiene un peso importante el uso de las nuevas tecnologías», así ha señalado que se incorporará la IA al portal digital de Consumo Responde, «para dar una respuesta inmediata ya desde esa primera toma de contacto»; prevé crear un sistema experto de arbitraje basado en la IA que «permita orientar a consumidores, empresas y profesionales acerca de la solución más probable a un conflicto concreto», y establecer una colaboración con la Red Andalucía Vuela para «integrar servicios digitales comarcales de consumo y el desarrollo de acciones para la profesionalización y especialización del personal de los servicios de consumo a nivel municipal».
Asimismo, ha destacado el titular de Sanidad, «vamos a promover la constitución de la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo como órgano colegiado». Esto va a permitir, ha explicado, reforzar la defensa de los derechos de todos los consumidores a través de la coordinación de actuaciones entre la administración autonómica y local. «Más cooperación, más comunicación y más información para blindar juntos los derechos de los andaluces en materia de consumo», ha concluido.
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