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El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, ha asegurado este miércoles que el proyecto de almacén y extracción de gas en el ámbito del Parque Nacional de Doñana es “inviable” y ha lamentado su división en cuatro subproyectos (dos en el ámbito del parque y dos fuera de él).
En rueda de prensa para presentar el inicio del curso escolar en Huelva, y preguntado por este asunto, Romero ha hecho hincapié en que “la Junta considera que tiene que ser un proyecto único y no dividido en cuatro, ya que es inviable realizar una parte del proyecto sin hacer la otra”.
“Doñana es una joya medioambiental y no la vamos a poner en riesgo”, ha manifestado el delegado, quien ha remarcado que “estas obras llegarán a un punto, como el momento de la extracción o del almacenamiento, que al final no se podrán realizar”.
El Gobierno central, ha remarcado Romero, le ha concedido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, “pero al estar dividido en cuatro proyectos, a los dos que se encuentran en el ámbito de Doñana, la Junta, en cambio, no le va a conceder su autorización”, sin embargo “los que están fuera sí cuentan con la autorización porque no hay legislación que impida la realización de los mismos”, que son las obras que han comenzado ahora.
IU exige a la Junta que plantee un conflicto de competencias frente al Gobierno para paralizar el proyecto de Gas Natural
La formación de izquierdas presenta una iniciativa más, como consecuencia del inicio de las obras, en el Parlamento Europeo para que la Comisión se pronuncie y exija el cese inmediato de los trabajos de perforación que Gas Natural está realizando en el entorno del Parque Nacional.
“Las gravísimas actuaciones que está realizando Gas Natural en Doñana para convertir su subsuelo en una inmensa bolsa de almacenamiento de gas tienen que ser paralizadas de inmediato. Por ello, le exigimos a la Junta de Andalucía que pase la prueba del algodón y demuestre que las declaraciones que se han realizado desde el PSOE posicionándose contra este proyecto son auténticas, planteando un conflicto de competencias contra el Gobierno de Rajoy”, según ha expuesto hoy mismo Francisco Javier Camacho, responsable provincial de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva.
El dirigente de Izquierda Unida explica que “lo que la Junta debe hacer es lo mismo que hizo en su día el Gobierno de Canarias cuando se enfrentó al Ejecutivo de Rajoy ante las prospecciones petrolíferas que impulsó el ex ministro de los papeles de Panamá, José Manuel Soria, en aguas cercanas a las islas”. Camacho añade que “la Junta tiene que demostrar que de verdad va a defender Doñana, llevando este caso al Tribunal Constitucional para tumbar la consideración de proyecto de interés general que el Gobierno de Rajoy le ha concedido a Gas Natural”. Camacho insiste en que “también la Junta de Andalucía debe intervenir urgentemente para paralizar las obras de Gas Natural y abordar un procedimiento de Autorización Ambiental que contemple el macroproyecto en su conjunto, que en su parte denominada Marismas Oriental afecta directamente al corazón mismo del Parque Nacional de Doñana que es Reserva de la Biosfera”.
En este sentido, ayer mismo la parlamentaria de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Paloma López, registró una pregunta dirigida a la Comisión Europea en la que le pide que se pronuncié e intervenga ante las irregularidades en la autorización y puesta en marcha del subproyecto gasístico Marismas Occidental. Izquierda Unida reclama también a la Comisión Europea que considere que el proyecto ha sido cuarteado para ocultar el grave impacto del mismo y así se pueda realizar un nuevo estudio de impacto ambiental que determine sus auténticas consecuencias medioambientales. Además, López le pregunta a la Comisión si va a exigir la inmediata paralización de las obras para evitar los daños que ya se están produciendo en el entorno de Doñana.
Este asunto lo llevó Izquierda Unida al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado mes de julio, cuando el propio Francisco Javier Camacho intervino en dicho órgano para denunciar el proyecto de Gas Natural y reclamar la intervención de las autoridades comunitarias, en defensa de Doñana.
