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La Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Obras Públicas y Vivienda, de Agricultura y Pesca, de Turismo, Comercio y Deporte, y de Medio Ambiente, asume desde este viernes, 1 de abril, las funciones, medios y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral andaluz, previsto en el Estatuto de Andalucía y formalizado el pasado 12 enero por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia, Mar Moreno.
El traspaso, que se hace efectivo a partir de este viernes, supone un coste anual efectivo de 2.112.922 euros y el traspaso de 62 puestos de trabajo, de los cuales 18 son funcionarios y 44 personal laboral, y 21 vehículos. Además, la Administración autonómica recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola de Málaga, si bien el uso de éste será compartido por Estado y Junta hasta que se libere por parte de la segunda el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde finalmente se ubicarán los servicios estatales.
La regulación, que se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero por el Consejo de Ministros, también contempla la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De la misma manera, la Administración andaluza creará en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre comisiones interdepartamentales sobre la materia.
La comunidad andaluza, la segunda región que recibe este traspaso tras Cataluña, asumirá a través de las cuatro consejerías que reciben las atribuciones funciones que incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a platas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.
Además, entre estos permisos figuras los relativos a los llamados ‘chiringuitos’, así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
La Junta también regulará los usos de temporadas en las playas, entre las que se encuentran las relativas a zonas de baño y ocio, en el mar territorial, comprendiendo zonas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros.
Con respecto a los ‘chiringuitos’ andaluces, que actualmente ascienden a 833 en las cinco provincias con salida al mar, los consejeros de Presidencias y de Medio Ambiente, Mar Moreno y José Juan Díaz Trillo, respectivamente, han anunciado recientemente que la Junta realizará planes anuales para las playas y que en el ánimo de la Administración andaluza no está sancionar a estos establecimientos.
«NO CONSENTIRÁ DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE»
En este sentido, el titular de Medio Ambiente indicó que a partir del 1 de abril los permisos y concesiones se harán en las cinco delegaciones provinciales de Medio Ambiente, al igual que la aprobación de los planes de playas, herramientas que estarán disponibles a finales de cada año para evitar que la temporada se inicie y los empresarios no dispongan de los mismos.
Del mismo modo, Díaz Trillo señalo que en el ánimo de la Junta «no está llegar poniendo multas», pero precisó «un ‘chiringuito’ mal construido y que abusa hace daño al sector, no consintiendo que se dañe al medio ambiente».
Por otro lado, el Real Decreto establece la participación de la comunidad en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de titularidad autonómica. En este contexto se creará una comisión bipartita para la planificación de estas obras y además la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, precisó durante la formalización del traspaso el pasado 12 de enero que el Estado «no puede despojarse de sus obligaciones» con respecto al litoral, reservándose por tanto la última palabra, si bien con esta transferencia los expedientes que a priori no presenten problemas «irán con mayor agilidad y con muchas más garantías».
Por otro lado, con esta transferencia se pone fin al contencioso que mantienen la Junta y el Gobierno en relación con el deslinde del Parque Nacional de Doñana, según señaló Moreno
