Por 
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha culminado la renovación de los servicios de conservación de la red de carreteras autonómicas. El departamento que dirige Marifrán Carazo ha adjudicado 33 contratos de mantenimiento integral de zonas que hace un año se encontraban caducados o con riesgo de caducar. Estos nuevos contratos, que se han adjudicado por 179,6 millones de euros, garantizarán la vialidad en los más de 10.500 kilómetros de titularidad autonómica para los próximos cuatro años.
Estos contratos generan 792 empleos directos (unos 22 puestos de trabajo de media por contrato) a los que hay que sumar los indirectos, cuya estimación apunta a que supera con creces la cifra de empleo directo.
Este proceso se inició hace un año cuando, con la llegada del nuevo Gobierno andaluz, se detectó que la mayoría de los contratos de conservación de las carreteras andaluzas se encontraban en su gran mayoría caducados o a punto de expirar sin posibilidad de fijar una prórroga (32 de 35). Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se marcó como prioridad la normalización de estos servicios, que ofrecen una ágil y rápida respuesta las 24 horas del día a las incidencias de la red viaria.
Sólo en 2019 se adjudicaron 24 contratos que permitieron blindar la conservación de más del 70 por ciento de la red viaria de titularidad autonómica por un importe para cuatro años con una prórroga de un año más. El resto de contratos se han cerrado en estos primeros meses de 2020.
Los últimos lotes se han formalizado con posterioridad al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria del Covid-19. Este Real Decreto incluye la interrupción de la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Sin embargo, la Consejería de Fomento se ha acogido a una de las excepciones y ha dictado una resolución que justifica estos contratos como indispensables para el funcionamiento básico de los servicios, ya que atienden a la necesidad de conservación del dominio público viario y a la garantía de las óptimas condiciones de seguridad de las infraestructuras viarias de Andalucía.
