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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en su página web la resolución por la que se conceden ayudas a los afectados por el cierre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, decretado el pasado mes de enero y que afecta a embarcaciones y tripulantes de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en la provincia de Huelva, y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Los pagos se están tramitando ya por vía de urgencia, para que así el abono pueda realizarse en el periodo de tiempo más corto posible.
Un total de 49 armadores han cumplido todos los requisitos legales para acceder a estos incentivos, lo que permitirá que los reciban 70 familias. Durante la tramitación de todo este proceso, la Consejería ha habilitado dos plazos de regularización y subsanación de errores para acoger al máximo de beneficiarios posible.
El consejero, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado que con esta resolución “la Consejería cumple su compromiso con el sector, al que desde el primer momento se le garantizaron ayudas tras el cierre del caladero”. El objetivo, ha reiterado, es lograr la sostenibilidad de esta pesquería “no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y en lo económico”, sentido en el que ha apuntado el apoyo que van a recibir 70 familias afectadas mientras se sigue trabajando en garantizar el futuro de la actividad.
En total serán casi 900.000 euros, aportados con presupuesto autonómico, con un primer pago que se hará de manera automática e incluirá el periodo comprendido entre el 20 de enero (el primer día en el que se prohibió la pesca de la chirla) y el 30 de junio, abonándose los posteriores a mes vencido. Para cobrar los incentivos a partir de julio, los beneficiarios tendrán que presentar mensualmente una declaración responsable en la que consignen que no han cambiado las circunstancias que les dan derecho a recibir esta prestación.
La convocatoria de ayudas ha sido trabajada y consensuada con el sector, de tal manera que ha recogido algunas de sus peticiones como que se tome como referencia el número de tripulantes enrolados en cada embarcación a fecha de 2 de octubre de 2017. Asimismo, para el cómputo de las ayudas se tiene en cuenta que los armadores que hayan trabajado a bordo de la embarcación puedan contabilizarse como tripulantes.
Este respaldo financiero, tal y como se comprometió el consejero Rodrigo Sánchez Haro, se mantendrá hasta que se pueda reanudar la actividad, una vez que los informes científicos determinen que la población de chirla se ha restablecido totalmente. En este sentido, los estudios del Instituto Español de Oceanografía (IEO) vienen constatando “la recuperación lenta pero progresiva del caladero”.
Sánchez Haro ha reiterado su compromiso de “seguir trabajando para asegurar el futuro de esta pesquería, que pasa en primer lugar por asegurar la regeneración de la especie”. En este sentido, hoy miércoles se reúnen los grupos de trabajo creados con el sector para garantizar la viabilidad de la actividad.
